Milei plantea un revisionismo indulgente de la dictadura militar
El ultra se rodea de defensores de los condenados por delitos de lesa humanidad
El Gobierno argentino quiere anular también la ley que legalizó el derecho al aborto
El Gobierno de ultraderecha argentino ofrece a diario muestras de su audacia. Además de aspirar a un reordenamiento de todos los ámbitos de la vida económica, expresa su voluntad de erradicar algunas de las conquistas del pasado reciente como el derecho al aborto e incluso emite señales favorables a una reescritura de la trágica historia del país que arroje un manto de indulgencia política sobre la última dictadura militar (1976-83).
El jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, acaba de expresar su «fundada esperanza» de que este año se anule la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo a fines de 2020. Según Barra, un exministro y exintegrante del Supremo en la presidencia de Carlos Menem (1989-99), «en algún momento» se crearán las condiciones para derogar esa norma, en consonancia con las palabras del presidente Javier Milei en Davos, donde habló de «la agenda sangrienta del aborto». El primer paso en esa dirección ha sido un decreto del Ejecutivo que declara al 2024 como el Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad.
Como parte de este giro radical, Milei ha designado al exdiputado Francisco Sánchez al frente de la Secretaría de Culto. La gran novedad de este nombramiento tiene que ver con que Sánchez está relacionado con los evangélicos pentecostales y ha lanzado sonoras diatribas contra el papa Francisco, de las que dijo estar arrepentido días atrás para no perturbar el viaje del presidente al Vaticano, previsto para el 12 de febrero. Pero, además, el flamante funcionario es un entusiasta promotor de una revisión de lo ocurrido hace casi medio siglo en Argentina, cuando las Fuerzas Armadas asaltaron el poder.
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«LA VERDAD HISTÓRICA» Los organismos defensores de los derechos humanos, repite, promueven «un relato» de aquellos trágicos hechos «que choca con la verdad histórica». Sánchez llegó a su puesto en virtud de las muy buenas relaciones que mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un exoficial contrainsurgente que peleó en la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, y que ha adquirido visibilidad por su encendida defensa de los exuniformados que han sido condenados por delitos de lesa humanidad.
Ese universo de afinidades va de Sánchez a Villarruel y de ella a
Javier Olivera Ravasi, capellán de una parroquia en una lujosa urbanización bonaerense. «La conozco hace 20 años por el trabajo que está haciendo en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas», dijo sobre la vicepresidenta. El padre del religioso, que reclama con vehemencia la libertad de los exuniformados que «combatieron al terrorismo marxista», cumple prisión domiciliaria por haber sido parte de la represión en los 70.
De la misma opinión es el nuevo responsable del Ejército, el general Alberto Presti, cuyo padre, el excoronel Roque Presti, también estuvo involucrado en el terrorismo estatal. A las Fuerzas Armadas, remarcó recientemente Presti, «se las reivindica».