Condonados más de 20.000 euros a una viuda zaragozana
Su marido falleció en 2019 y contrajo una deuda de 23.216 euros con ocho acreedores Solo cobraba la pensión de viudedad y desempleo porque estaba en el paro
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza ha condonado más de 20.000 euros (23.216,55) a una zaragozana que, tras quedar viuda en 2019, contrajo deudas por el citado importe con ocho acreedores, entre ellos, varias entidades bancarias y compañías telefónicas, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Así lo ha estimado recientemente la Justicia con la Ley de Segunda Oportunidad en la mano al considerar que la insolvencia de la deudora ha sido consecuencia del «infortunio» y de «causas o desdichas no previsibles». Con todo ello, la jueza ha valorado que la beneficiaria cumple los requisitos para la aprobación del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), por lo que procede la cancelación de la deuda y solo deberá abonar 61 euros no exonerables.
La concatenación de las deudas se remonta a la primavera de 2019 con el fallecimiento de su marido y el inicio de «una difícil situación personal y económica» marcada por la inestabilidad. Este fue uno de los argumentos esgrimidos por el representante procesal de la deudora, el letrado Cristian Monclús, al indicar a la jueza en su escrito de solicitud de exoneración que la insolvencia de su clienta había sido causada por «infortunio» y «causas desdichas no previsibles». «Sin mediar dolo o culpa en la agravación de su estado de insolvencia», aclaró. «En este contexto de inestabilidad emocional y laboral, vino
encadenando diversos contratos de trabajo temporal, situación laboral que fue empeorando hasta la actualidad que se encuentra en desempleo. Ante esta tesitura, sus únicos ingresos con los que hacer frente a multitud de gastos son la pensión de viudedad y la pensión de desempleo de la que es beneficiaria», argumentó.
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OCHO ACREEDORES Una de las deudas más elevadas que había contraído esta zaragozana ascendía a 5.378 euros con un servicio financiero orientado al pago aplazado. Entre los acreedores también se encontraba el erario público –la Agencia Tributaria (4.964 euros) y la Seguridad Social (3.886)–, otras entidades orientadas a las líneas de crédito como Cofidis (4.776) o Sabadell Consumer Finance (1.062), Movistar (1.281), Alcampo (1.424) y una compañía privada de seguros (442).
La suma de los insumos anteriores elevan la deuda contraída por esta zaragozana a 23.216,55 euros, de los que se ha liberado
recientemente gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. La normativa, que entró en vigor en julio de 2015 y fue reformada en septiembre de 2020, está dirigida a particulares o autónomos en situación de sobreendeudamiento. La deuda no debe superar los cinco millones de euros, el beneficiario debe actuar de buena fe y no tiene que sumar condenas por delitos económicos o de falsedad documental en los diez años previos.
A finales del año pasado, este mismo juzgado canceló una deuda de 171.653 euros a una vecina de Calatayud que, tras divorciarse de su marido, asumió el pago de la mitad de las deudas acumuladas durante el matrimonio. Solicitó nuevos créditos para pagar los antiguos, aunque acabó elevando el adeudo por encima de los 170.000 euros. De la mano de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, ha conseguido recientemente que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza también le aprobara el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).