El CGPJ y Trabajo fijarán niveles «saludables» para los jueces
El organismo de ➲ prevención laboral se reunirá el 21 de febrero
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la que forman parte personal de diferentes ministerios, empresarios y sindicatos, participará en la elaboración del protocolo que debe aprobar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para regular la carga de trabajo de los jueces. La fijación de estos topes, una reivindicación histórica, viene obligada por una sentencia dictada el pasado octubre por el Tribunal Supremo, de modo que se establezcan unos criterios a efectos de «salud laboral» que modulen una situación provocada por la saturación de asuntos pendientes en los juzgados.
Así se deduce del informe técnico elaborado por el propio consejo como consecuencia de la sentencia dictada por el alto tribunal, que recibió el visto bueno en la comisión permanente del pasado 24 de enero. Su contenido ha sido remitido a la citada comisión, encargada de velar por el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, y que depende orgánicamente del ministerio comandado por Yolanda Díaz. La primera reunión tendrá lugar el 21 de febrero.
Según Edmundo Rodríguez Achútegui, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, las cargas de trabajo afectan a la salud profesional de los jueces y, por ende, y al servicio que se presta a los ciudadanos. En una entrevista aseguró que «un 40% de los tribunales afrontan un número de asuntos desmedido, que influye en la salud de quienes los integran, porque tratan de sacar adelante un número de asuntos inasumible».
El informe concluye que el órgano de gobierno de los jueces puede establecer «indicadores a efectos de salud laboral», si bien cualquier instrucción que dirija a los juzgados deberá respetar los límites «derivados de la garantía de la independencia judicial». Es decir, su labor se limitará a elaborar, junto con el órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, «una suerte de protocolo orientativo para jueces y magistrados «de lo que podría denominarse agenda saludable». El Consejo se ha visto obligado a actuar porque la sentencia del Supremo no contenía ningún pronunciamiento sobre el contenido, metodología o criterios para fijar la carga de trabajo de los jueces.