Cae una red que vendía cadáveres a universidades por 1.200 euros
Los fallecidos no ➲ tenían familiares, vivían en situaciones precarias o eran extranjeros Hay cuatro ➲ personas detenidas por estafa y falsedad documental
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a los dueños de una funeraria y a dos de sus trabajadores acusados de vender cadáveres, para lo cual falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias y cobrarles después a universidades para su estudio. Se les acusa de un delito de estafa, y a dos de ellos además de falsedad documental
Los ahora detenidos cobraban 1.200 euros por cada cadáver. Además, volvían a facturar para retirar esos mismos cuerpos de la Facultad de Medicina una vez concluidos los estudios médicos y, por si faltaba algo, trampeaban para incinerarlos.
De esta manera, llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, que ni siquiera aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. El truco estaba en que aprovechaban el desmembramiento de los cuerpos para colar los restos en otros féretros que sí iban a ser incinerados para deshacerse de los cadáveres sin pagar por ello.
La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes de que se habría
retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria determinada, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Tras numerosas pesquisas, los investigadores comprobaron cómo dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura.
El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera
dado consentimiento.
A partir de ese caso, saltaron las alarmas y la Policía Nacional decidió profundizar más en la investigación, al sospechar que no se trataba de un caso único ni aislado.
De esta manera, los agentes localizaron otro caso con el mismo modus operandi, esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer, quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo. Pero, obviamente, era un documento falsificado.
En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre tenía mermadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, según el comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación.
Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra porque pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.
Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban de que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad.
Pero no se quedaban ahí. Además, los agentes averiguaron que también hubo irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Una vez las universidades finalizaban los estudios con los mismos, la ley obliga a que se hagan cargo de la incineración de los mismos. Y ahí entraba de nuevo la funeraria, que acordaba encargarse del proceso.
De hecho, la funeraria investigada facturó a una misma universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, que después no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras autorizadas en Valencia.
Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos que se producían dentro del estudio médico para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica. Ganancia limpia.