«Es una ley a la carta para unos pocos»

«No tiene encaje legal de ningún tipo en la Constitución. Es imposible», sostiene Francisco Picazo, magistrado y presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. «Se infringe el principio de separación de poderes y el principio de igualdad porque es una ley para unos pocos. Es una ley a la carta», defiende Juan José Carbonero, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Son las declaraciones de dos voces de la judicatura aragonesa ante EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en relación a la ley de amnistía varias horas antes de que Junts tumbara su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Y es que la prolongación del proceso de negociación por parte de los independentistas catalanes viene a reforzar el argumentario de ambos en relación a la redacción de la normativa. Decía Carbonero que esta ley de amnistía es una «ley a la carta» que vulnera el principio de igualdad porque de ella solo se beneficiarán «unos pocos» y no cualquier otro ciudadano española que también haya sido condenado por malversación en otras provincias del territorio nacional. Por ende, ello redunda en la vulneración del principio de generalidad –«la ley deja de ser ley para ser un privilegio», resume– más allá de que la ley, a su juicio, no tiene encaje en la actual Constitución.

Primero, porque no está reconocida en el texto de 1978. Segundo, porque supone «una revisión» de todas las decisiones tomadas por el Poder Judicial al amparo de la carta magna. Y, tercero, porque los hechos enjuiciados e imputados se desencadenaron en un contexto democrático. «Una amnistía representa la voluntad de hacer borrón y cuenta nueva sobre una situación anterior. Ahora no estamos intentando poner fin a un periodo dictatorial», aclara Carbonero.

Según los jueces, se vulneran principios como el de igualdad y el de generalidad

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«UN DESAFUERO JURÍDICO» Con él coincide el magistrado y presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza al recalcar que estos delitos se habían desencadenado en «un contexto democrático» bajo un Estado «de garantías» y «una democracia absolutamente consolidada». Aunque por el momento se ha frenado la aprobación de la ley en el Congreso a la espera de nuevas negociaciones, Picazo confía en que el Tribunal Constitucional y la Justicia de la Unión Europea tumben la normativa. «Si no, nos habremos cargado el Estado de Derecho. Me parece irracional e irrazonable. Es un desafuero jurídico», finaliza.