El impuesto a las renovables llega con una rebaja del 26%
El Gobierno de Aragón baja sus pretensiones, pero ingresará 30 millones en 2024 La mitad del tributo se destinará a impulsar acciones en los municipios afectados
El Gobierno de Aragón pondrá en marcha en el primer semestre del año el nuevo impuesto a las renovables, con el objetivo de que el impacto medioambiental y visual de la energía eólica o fotovoltaica revierta positivamente en el propio territorio de la comunidad. Un impuesto que llevará hasta las arcas autonómicas hasta 30 millones de euros en este 2024 y que tiene como objetivo ingresar unos 50 millones a partir del próximo año. El tributo llegará, eso sí, tras una merma de un 26% respecto a la propuesta inicial del anteproyecto después de un proceso de escucha con los representantes del sector energético.
Así lo anunció ayer el consejero de Hacienda y Función Pública, Roberto Bermúdez de Castro, que defendió el nuevo tributo como «necesario» y consideró que las energías renovables aunque positivas «tienen un fuerte impacto en el territorio y esto solo supone una pequeña aportación para esas grandes empresas». El consejero de Hacienda matizó que el impuesto viene heredado del Gobierno anterior, que ya inició los trámites, y consideró que la propuesta ya era «un proyecto interesante que ahora tiene algunas mejoras».
Las cuentas, desde el momento en el que las Cortes de Aragón aprueben el nuevo tributo, significarán unos mayores ingresos para las arcas públicas. En el caso de la energía eólica, «por su afección visual y medioambiental en el territorio», la base imponible se realizará en función de «la altura y el tamaño del molino, además de la potencia que genere». Consensuado con el propio sector energético, la intención, según anunció Bermúdez de Castro, es cambiar el modelo para «promover que haya más molinos para que no haya tantos molinos juntos». El gravamen llegará a los parques eólicos en desuso o que ya han iniciado su actividad, mientras que los nuevos parques que se construyan estarán exentos del impuesto en el primer año y tendrán una exención del 50% en el segundo año de vida. En el caso de la energía fotovoltaica, el impuesto a aplicar a cada parque se hará en función de las hectáreas ocupadas y la potencia generada.
Las que tampoco pagarán el impuesto serán aquellas iniciativas que el Gobierno de Aragón categorice como PIGA (Plan de Interés General de Aragón) porque «generan empleo y riqueza en la comunidad». También estarán exentos aquellos proyectos que generen en su entorno parques eólicos y fotovoltaicos para abastecerse de energía. El consejero puso como ejemplo «el nudo Mudéjar o Microsoft», como potenciales Pigas que podrán beneficiarse.
En último lugar, / no tendrán que pagar el tributo aquellas empresas que ya hayan implementado planes propios para paliar su efecto en el territorio afectado por la instalación de renovables. Bermúdez de Castro citó a aquellas empresas de renovables que financian parcial o totalmente el gasto de luz de los vecinos de aquellos municipios con instalaciones renovables en su territorio. El diálogo con el sector energético de la comunidad fue una constante para elaborar un proyecto que tendrá que conseguir la aprobación de las Cortes antes de echar a andar. En el Ejecutivo autonómico ayer dieron por hecho el consenso de todas las fuerzas, a la espera de las enmiendas que pueda presentar cada una de las formaciones. De esta conversación, según declaró el consejero, se extrajeron algunas de «las mejoras» que el proyecto del Gobierno de Azcón ha añadido a lo redactado por el Ejecutivo de Lambán. Como ejemplo, Bermúdez de Castro admitió que «las pretensiones del Gobierno se redujeron en torno a un 26%». Así, de los originales 2.500
DIÁLOGO CONSTANTE
euros que se iban a ingresar por cada megavatio producido, las cuentas finalmente reflejarán unos 2040 euros.
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ANTE LA JUSTICIA Los parques eólicos más nuevos, con molinos de mayor tamaño, pagarán unos 1.260 euros al mes por molino, mientras que los antiguos, de menor tamaño, se quedarán en torno a los 729 euros. Los parques fotovoltaicos deberán tributar por hectárea y potencia, en una horquilla entre los 1.260 euros por hectárea en parques de menos de 20 hectáreas y los 2.160 euros/hectárea en los parques de más de 300 hectáreas. Las líneas de alta tensión deberán abonar unos 1.380 euros por cada kilómetro en aquellas que transporten 400 kilowatios, la máxima capacidad.
Por otro lado, la conversación con el sector sirvió para intuir el cambio de modelo que puede llegar a las renovables aragonesas: «El propio clúster de la energía nos comentó el gravamen por tramos y de ahí el impulso de molinos más grandes y más repartidos», dijo De Castro.
Lo que también dio por seguro el consejero es que el impuesto a las renovables viajará hasta la mesa de los jueces aragoneses. «Todos estos impuestos se recurren ante la Justicia», admitió el responsable de Hacienda, que señaló que los servicios jurídicos de otras comunidades que ya cuentan con este tributo han resuelto previamente la papeleta. El consejero mencionó Andalucía, Galicia o Castilla y León como algunas de las regiones que ya se enfrentaron a esta situación.
El compromiso del Gobierno de Aragón con las zonas afectadas por la instalación de renovables llega también con un fondo de reinversión en el propio territorio. Como explicó Bermúdez de Castro, un decreto del anterior Gobierno ya fijaba que entre un 50% y un 90% de lo ingresado por el impuesto debería volver a los municipios. En este comienzo de aplicación del tributo, el Ejecutivo autonómico destinará en torno al 50% a implementar medidas en este sentido.
«El objetivo es utilizar el dinero recaudado para el desarrollo de zonas afectadas», explicó el consejero de Hacienda, que mencionó la intención de ampliar este decreto a aquellas localidades afectadas por la construcción de embalses y saltos de agua en el pasado, que Bermúdez de Castro señaló que no habían sido beneficiados tras sufrir estas obras de gran impacto en sus términos municipales.