La DGA aprueba el pago de 9,8 millones al ayuntamiento
La cuantía liquida ➲ las aportaciones de los ejercicios 2021 y 2022 del convenio bilateral
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza para el pago de 9,8 millones de euros de la liquidación de los ejercicios 2021 y 2022 de las aportaciones incondicionadas correspondientes de la Ley de Capitalidad, que el consistorio reclamaba en los tribunales hasta ahora.
Tal y como recordó la vicepresidenta segunda del Gobierno, la comisión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, encabezadas por el presidente, Jorge Azcón, y la alcaldesa, Natalia Chueca, dio el visto bueno el pasado 19 de diciembre a un acuerdo transaccional para la resolución extrajudicial del litigio sobre la liquidación de esos dos ejercicios del convenio bilateral económico-financiero 2021-2024.
De este modo, el Ejecutivo autonómico aprobó una propuesta de liquidación del importe pendiente de abonar al consistorio que incluirá un abono adicional de 4.768.722 euros por la anualidad de 2021 y de 5.030.370 por la de 2022.
La aprobación de esta propuesta, por un importe total de 9.799.093 euros, satisface en la vía administrativa las pretensiones planteadas en vía judicial por el Ayuntamiento de Zaragoza.
En la tramitación del decreto aprobado por Consejo de Gobierno se han tenido en cuenta los informes, con carácter facultativo, de la Dirección General de Administración Local, la Dirección General de Servicios Jurídicos, el Departamento de Educación, Ciencia y Universidad, y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
/ DURANTE CUATRO AÑOS También se han recabado informes de la Dirección General de Presupuestos y de la intervención de la Administración de la Comunidad autónoma, así como el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, según Vaquero.
El convenio bilateral económico-financiero tiene por objeto establecer durante cuatro años, entre 2021-2024, las condiciones en que tiene que producirse la colaboración económica entre ambas instituciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 10/2017 y fijar el imvenciones porte de las asignaciones para el desarrollo y gestión de las distintas actividades relativas a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza por el Gobierno de Aragón, tanto por esta norma como por la legislación sectorial autonómica vigente, y que el Consistorio considera que ya viene desarrollando.
Cuando se firmó el convenio bilateral de financiación, ya se había ejecutado todo el ejercicio 2021 y era inminente la aprobación de los presupuestos para 2022. Por ello, ni la Ley de Presupuestos de 2021 ni la de 2022 incluyen en su contenido el acuerdo adoptado.
Por tanto, en esos ejercicios la financiación de las competencias propias municipales se articula mediante transferencias a favor del ayuntamiento, a través de sub
en concurrencia competitiva y subvenciones nominativas, con cargo a distintas partidas presupuestarias, en función de la materia.
Las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 han sido objeto de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), para determinar qué partidas transferidas al consistorio en esos años deberían ser consideradas pagos a cuenta de los 20 millones de euros correspondientes a la ejecución del convenio bilateral económico-financiero suscrito en diciembre de 2021 y cuáles, por el contrario, deben considerarse pagos adicionales a ese importe.
En septiembre de 2023, las representaciones procesales del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón presentan sendos escritos solicitando la suspensión de mutuo acuerdo del contencioso-administrativo para llevar a cabo una transacción.
El Consejo Bilateral de la Capitalidad entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en su reunión del pasado 19 de diciembre de 2023, adopta, entre otros, un acuerdo transaccional para la resolución extrajudicial de los conflictos sobre la liquidación de los ejercicios 2021 y 2022 del convenio bilateral 2021-2024.
Este acuerdo pone fin al conflicto que fue objeto de recurso ante el TSJA
La cantidad satisface en la vía administrativa las pretensiones del consistorio