Los agricultores aragoneses se hartan y anuncian movilizaciones
El sector reconoce ➲ un «efecto contagio» de las manifestaciones en Francia y Alemania El transporte se ➲ queja de la «dejadez» y la falta de ayuda del Gobierno de España
La «complicada» situación por la merma de rentabilidad de las explotaciones de los agricultores aragoneses va a desencadenar inminentes movilizaciones de protesta por todo el territorio. Así lo anunciaron ayer las organizaciones agrarias de Aragón. «La viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas sigue empeorando y el número de profesionales sigue su sangría, con unos 200 profesionales menos cada año», subrayaron en un comunicado.
En una reunión celebrada ayer por la mañana, ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA dieron así respuesta a esta «situación de hartazgo» de los profesionales agrarios aragoneses. «Se trata de convocar acciones organizadas, enérgicas y sobre todo seguras y con cobertura jurídica mínima para todas las personas que participen en ellas y para el resto de la ciudadanía», anunciaron. Las cuatro Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) aragonesas exigen a todas las administraciones, desde la Unión Europea hasta el Gobierno de Aragón, pasando por el Ministerio de Agricultura, cambios radicales y medidas efectivas para salvaguardar el modelo de agricultura y ganadería profesional.
A nivel europeo reclaman cambios normativos en materia ambiental, en bienestar animal y en los tratados comerciales. «El Ministerio de Agricultura también tiene la responsabilidad inmediata de mejorar la aplicación de la Política Agraria Común (profesionalizándola, desburocratizándola y flexibilizándola). Y el Gobierno de Aragón es el que puede simplificar los trámites, articular ayudas directas e impulsar el relevo generacional», indicaron.
Se va a convocar próximamente (a finales de esta semana) una rueda de prensa para informar más detalladamente de las acciones en Aragón. En ese sentido, ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA, como organizaciones representativas en Aragón, «tienen una trayectoria que les avala como interlocutoras y defensoras del sector agrario en nuestro territorio buscando buscar soluciones y trasladando reivindicaciones concretas para mejorar la situación de las explotaciones
agrícolas y ganaderas».
Ahora que se han iniciado movilizaciones en Europa, las redes sociales han colaborado en difundir esas acciones de protesta en España. Pero aquí, en Aragón, «las organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos ya planteábamos continuar con las movilizaciones ante la impasividad de todas las administraciones», declararon. Así lo reconoce José María Alcubierre, Secretario General de UAGA. «Es cierto que la situación en Francia y Alemania ha supuesto un efecto contagio y un caldo de cultivo», confiesa.
/
«UN CAMBIO DE CHIP» El representante agrario asegura que las movilizaciones serán «continuadas y por todo el territorio aragonés», pero también «dentro de los cauces adecuados e intentando proteger a todos», dijo. «Debe haber un cambio de chip en todas las administraciones. Desde la Unión Europea hasta las más cercanas, empezando
por el Gobierno de Aragón», denuncia Alcubierre. «Pedimos focalizar el modelo social y profesional agrario y protección a los que vivimos del campo».
Mientras las organizaciones agrarias preparan sus acciones reivindicativas, las protestas en Francia siguen acarreando consecuencias para los transportistas españoles. Las movilizaciones en el país galo no cesan y se están alargando más de lo esperado.
Esto mantiene en vilo también a las empresas aragonesas que se ven involucradas «sin merecerlo» en el conflicto. «Pasan los días y la situación no mejora», se lamenta Fernando Viñas, secretario general de Fetraz, que, según las estimaciones que se manejan, indica que a nivel nacional las pérdidas económicas pueden llegar a ser de alrededor de 12 millones de euros por jornada. «Eso sin tener en cuenta los posibles daños en la mercancía», subraya un Viñas, que asegura que «se están evitando» todos los viajes posibles al país vecino y que reconoce el «malestar» en el sector por el silencio del Gobierno.
Más contundente se muestra al respecto José Antonio Moliner, presidente de Tradime, quien no duda en criticar la «dejadez» del Ejecutivo español. «Es inexplicable que nadie salga a apoyar a los transportistas españoles. No hay derecho ni justificación posible», apunta de manera tajante. Moliner pide a las instituciones públicas responsables «dar un puñetazo encima de la mesa» para hacer valer los derechos del sector ante la Unión Europea. «Si no pueden garantizar la libre circulación deberán al menos escuchar nuestras reclamaciones», recalca.