Condenado por explotar y no regularizar a sus trabajadores
La sentencia recoge una pena de dos años y nueve meses de cárcel
No daba de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social ni les pagaba íntegramente el salario e incluso les sometía a jornadas laborales de 19 horas sin apenas tiempo de descanso. Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a este constructor zaragozano –Roberto Mendoza Trell (España, 1971)– a dos años y nueve meses de cárcel como autor de un primer delito contra los derechos de los trabajadores –un año y seis meses– y un segundo delito contra la Seguridad Social –un año y tres meses–.
El tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, ha considerado probado que Mendoza Trell creó un entramado de empresas –Indunor, Instala2 y Aisplus Security– del que fue administrador desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2018. A lo largo de estos años no solo menospreció los derechos laborales de los trabajadores que tenía a su cargo, sino que también dejó de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social hasta el punto de contraer una deuda de 81.000 euros con el erario público que la Justicia le reclama ahora como indemnización en concepto de responsabilidad civil.
También utilizó a uno de sus obreros como testaferro «en un intento de eludir futuras responsabilidades» hasta el punto de que este último se llegó a sentar junto a él en el banquillo de los acusados. «Colocándole de forma únicamente nominal al frente de Asisplus Security con la falsa indicación de que sería un cambio meramente temporal sin consecuencias legales», detallan los magistrados. Finalmente, este trabajador ha sido absuelto porque «no tuvo ninguna dirección ni administración
real» sobre la citada mercantil.
La sentencia también recoge el pago de una multa de 100.000 euros y la prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas durante tres años. Inicialmente, la acusación particular en representación de la Tesorería General
de la Seguridad Social solicitaba una pena de tres años de cárcel por el delito de fraude a la Seguridad Social y otros dos años de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores. Contra el fallo todavía cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).