«La decisión de la Fiscalía llega tarde»
Cuando se le pregunta al oftalmólogo José Carlos Pastor, investigador y catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, su parecer sobre la decisión de la Fiscalía, responde contundente: «Llega tarde». Lo sabe bien, explica a este periódico. La investigación realizada por el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), que él fundó en la ciudad castellana, fue clave en el caso: concluyó, hace casi una década, que el producto era tóxico. «Sucedió entre 2014 y 2015. Estamos en 2024. Una justicia que llega tarde es poca justicia. Si te indemnizan 10 años después, algunos de los afectados habrán muerto», asegura. «Todo esto comenzó muy mal porque el dueño de la compañía, cuando empezaron a detectarse los primeros casos, enseñó a la Aemps un certificado de que su producto había sido testado conforme las normas ISO. El problema es que el test no medía lo que tenía que medir; entonces el producto era altísimamente tóxico y, sin embargo, las pruebas dieron normal. Entonces nos llaman [la Aemps] y estuvimos trabajando hasta averiguar que el producto era tóxico».
Además, la farmacéutica fabricante del producto se declaró en quiebra en 2016, por lo que ya no existían responsabilidades. «Quedó un poco al albur de cada comunidad. Por ejemplo, en el País Vasco, llamaron a afectados, les ofrecieron una cantidad de dinero y se acabó, y en otras, se cerraron en que no», explica. «No se hizo coordinado. Se ha hecho mal desde el principio porque si esto lo coge el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, y decide que se comprueba, que hay una relación causa-efecto y se establecen unas indemnizaciones, habría sido más ágil».