-BT SBÍDFT EF MB UPSNFOUB
Las movilizaciones vuelven al campo aragonés cuatro años después de la última gran protesta La sequía y las distorsiones de precios cercan a los pequeños productores
Hace casi cuatro años, pocos días antes de que se decretara el gran confinamiento por el estallido del coronavirus, un millar de tractores tomaron las calles del centro de Zaragoza. Fue el 10 de marzo de 2020, una marcha histórica que contó con la participación de unos 4.000 agricultores que, llegados desde todos los puntos de Aragón, reivindicaban la supervivencia como sector. El clamor que vivía el campo entonces se apagó de golpe a causa de la pandemia, pero sus problemas estructurales, lejos de resolverse, se han agravado. Una tormenta perfecta que ha abonado el terreno para la vuelta de las movilizaciones agrarias, pero esta vez con algunos tintes distintos, algunos con intencionalidad política a 150 días de las elecciones europeas.
La encrucijada que arrastra el sector primario se ha cargado de nuevos nubarrones, algunos derivados de la pandemia y la guerra de Ucrania, que han añadido complejidad a la crisis agraria, que tiene múltiples aristas. El encarecimiento de los costes de producción y la tensión inflacionista han hecho más adversa la situación, pero sin duda es la sequía la que más impacto ha tenido, con el calentamiento global como trasfondo.
Movilización histórica
Las organizaciones agrarias achacan al estrés hídrico los males de una campaña que encuentra en los cultivos herbáceos su mayor víctima, con un volumen en mínimos en lo que va de siglo. Según las estimaciones facilitadas por Asaja, el impacto económico a la baja por la sequía se cifra en 490 millones de euros para el negocio del cereal, en 500 millones para el maíz, en 60 millones para la alfalfa (que ahora sufre el golpe a la exportación por la crisis del Mar Rojo), y el girasol, que cultivó 60 millones de euros menos. Respecto a las frutas de hueso y los frutos secos, la actividad económica cayó 350 millones de euros. en el sector primario de la comunidad, en beneficio de otro régimen de explotación en el que toman protagonismo los grandes propietarios y los fondos de inversión.
La organización agraria UAGA, en su balance de final de 2023, critica «la reducción anual de explotaciones y por tanto de cotizaciones a la seguridad social», ratificándolo con los datos de los pasados años. El 2021 se cerraba con 18.206 autónomos en el régimen de la seguridad social agraria, mientras que el 2022 lo hacía con 18.020 afiliados en este mismo régimen. La cifra a cierre de septiembre de 2023, según los datos facilitados por la Seguridad Social, reflejan esta negativa tendencia: 17.881 personas cotizan como autónomos en el sector primario. foco de los protestas se ha trasladado a Francia, con importantes bloqueos en ciudades y carreteras, hasta extenderse a otros países como España, donde las principales organizaciones agrarias se han unido para alzar la voz.