CSIF denuncia los retrasos en las guarderías
Las obras llevan un mes de demora y solo están finalizadas en Huesca
El sindicato CSIF criticó ayer el retraso en las obras de adaptación de las guarderías del Gobierno de Aragón a escuelas infantiles, financiadas con fondos europeos, y los graves trastornos que está causando tanto al alumnado como a sus familias y al personal que trabaja en los centros.
Las once guarderías dependientes del Gobierno de Aragón (Valdefierro, Delicias, La Paz y San José en Zaragoza capital, Ejea de los Caballeros, Calatayud, Gallur, Huesca,
Barbastro, Monzón y Alcañiz) deben hacer obras de transformación para cumplir con la normativa de escuelas infantiles de 0-3 años, pero acumulan mucho retraso, hasta el punto de que en algunos centros ni han comenzado, según afirmó CSIF. «Las obras deberían haber estado acabadas en enero de 2024 y justificadas ante Europa en septiembre de 2024 y está claro que estos plazos se van a incumplir», advirtió el sindicato, que denunció «la mala gestión y pasividad» tanto de este Gobierno autonómico como del anterior.
La responsable de CSIF en la administración autonómica, Yolanda Mediel, incidió en que la situación ya está afectando este curso al alumnado y al personal, que están desplazados en otros centros, y en que hay un riesgo real de que los problemas continúen el próximo curso, por lo que insta al Gobierno de Aragón a solucionarlos.
CSIF aseguró que de los 11 centros, sólo han acabado las obras en la guardería de Huesca, a la que acuden los niños con normalidad, y en Zaragoza sólo han empezado en la de Valdefierro y en las otras tres debían empezar el pasado mes de julio, y los alumnos empezaron el curso en los colegios Calixto Ariño, Monsalud, Antonio Beltrán y Sainz de Varanda que, según el sindicato, no cumplen las condiciones necesarias para atender a niños tan pequeños.
Las obras de adaptación tienen un coste de entre 800.000 y 1.200.000 euros dependiendo de cada centro y una duración prevista de catorce semanas.
En Barbastro y Monzón comenzaron las obras antes del verano y aún no han terminado; en Ejea no han empezado las actuaciones y los niños están desplazados en un centro cívico, en Alcañiz sí han comenzado mientras los niños siguen acudiendo al centro a diario y en Calatayud las obras no se han iniciado ni está previsto y en Gallur se ha planificado la construcción de una nueva escuela infantil, que pasará a ser de gestión municipal.
«La DGA lleva años incumpliendo su propia normativa en estas 11 guarderías, mientras que a los centros privados les exige su cumplimiento», subrayó Mediel. autónoma según el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Por otro lado, subrayaron en esa queja la omisión de las competencias concretas en materia de lenguas en el decreto que regula las otorgadas a la de la Dirección General de Patrimonio, donde aparece como una cuestión colateral. Esta acción se suma a la reunión mantenida con una delegación del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las lenguas que se celebró a mediados de enero en Madrid y la campaña de recogida de firmas a través de Change.org que ya ha superado las 4.000 adhesiones.
En la reunión, representantes de las entidades agradecieron al Lugarteniente la sensibilidad de la institución del Justiciazgo para con la pluralidad lingüística. Especialmente, desde el año 1993 en que el entonces Justicia, Emilio Gastón, elaboró un informe especial sobre la cuestión en el que sentaba sin ningún género de dudas la adscripción de nuestras «modalidades» lingüísticas al aragonés y al catalán, exigiendo su protección y una actuación decidida de la Administración aragonesa.