Cataluña y Canarias claman por el reparto de menores migrantes
Las islas buscan «el mayor consenso posible» para solucionar cuanto antes «un asunto de Estado» El sistema de acogida catalán recibe cada mes 300 niños migrantes, la mitad de la ruta canaria
El Govern quiere que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reparta entre otras comunidades a los adolescentes migrantes que llegan solos y de forma espontánea hasta Cataluña y deben ser acogidos en el sistema de protección. Una gran parte de ellos son menores que han llegado en los últimos meses en patera a las islas Canarias. Otros proceden del sur de la península o de otras comunidades. «La realidad es que los estamos acogiendo en Cataluña», señala el secretario general de Drets Socials, Oriol Amorós.
El sistema de protección se ha tensionado hasta el punto que decenas de estos menores duermen en comisarias catalanas por falta de plazas específicas. El Ministerio de Migraciones responde que el tema no es de su competencia.
«Es evidente que hasta Cataluña estos niños migrantes no han llegado nadando ni en barco. Y que hay una Administración central que se encarga del flujo y el control de la inmigración en nuestro país», insiste Amorós. La Conselleria de Drets Socials vuelve a tener que hacerse cargo de decenas de niños procedentes de África que necesitan ser acogidos y atendidos en Cataluña. Actualmente, la Generalitat habla de unas 70 llegadas a la semana, 300 al mes, la mitad de ellos llegados por la ruta canaria. Y el sistema de acogida catalán no tiene suficientes plazas para atenderles.
A diferencia de los adultos, los niños que migran solos sin sus padres ni ningún tutor que se pueda hacer cargo de ellos deben ser acogidos en centros de menores en cuanto pisan España y se comprueba su edad. De ahí que Canarias, con más de 5.700 niños acogidos en centros de menores tras la última crisis migratoria, pida que el resto de comunidades se hagan corresponsables y se repartan la acogida de estos menores.
Lo curioso es que algunos de estos niños están llegando a Cataluña espontáneamente. «Con los repartos pactados con todas las comunidades estos últimos meses no nos ha tocado acoger ni a un centenar de niños de las Canarias. Pero de forma espontánea llegan a Cataluña entre 60 y 70 niños migrantes
cada semana que debemos atender», explica Amorós.
Los fondos que el ministerio ha asignado para que Cataluña se haga cargo de los niños procedentes de Canarias son «ridículos», en palabras de Amorós, teniendo en cuenta que las llegadas que no están pactadas superan con creces los datos del reparto estipulado.
«Lo que pedimos es que se pueda a hacer un reparto equitativo de los que están llegando también a la península, porque sabemos que estas llegadas de Canarias nos van a impactar en los próximos seis meses», sostiene Amorós. El Periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Si son menores, se escapa de nuestra competencia», responden desde Migraciones, que sin embargo está organizando los encuentros entre comunidades para repartir a los menores que están en los centros de Canarias.
La Generalitat dice que ha abierto una decena de equipamientos de emergencia, aunque la falta de plazas catalanas sigue demostrándose a diario. Sin los acuerdos con el resto de comunidades, el plan B del Govern es vaciar los centros para que haya más rotación.
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LA SOLUCIÓN NO LLEGA Muchas palabras y buenas intenciones sobre el reparto de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, pero la modificación de la ley para que se proceda por obligación y no solo por solidaridad no se cristaliza. Desde Madrid analizan la situación, valoran la gravedad del asunto e insisten en la necesidad de ofrecer una solución que, sin embargo, no llega. Un «vuelva usted mañana» de manual. Quien sí ha hecho los deberes es el Gobierno canario, que ha puesto sobre la mesa una propuesta que permitiría repartir de forma equitativa por todo el territorio nacional a los niños y adolescentes llegados de forma irregular al litoral isleño.
La «solución canaria» cuenta con una vía lenta, que requiere tocar leyes orgánicas y lograr una mayoría absoluta en el Pleno de las Cámaras; y una vía rápida, a través de un decreto ley. El Ejecutivo autonómico apuesta por la opción más eficaz, pero el Gobierno central no lo ve claro, a pesar de que desde que se reactivó la ruta canaria –en agosto de 2020– ha aprobado 72 decretos ley. Uno cada 18 días.
Los decretos ley se aprueban en Consejo de Ministros para su entrada en vigor y reducen al mínimo el debate en el Congreso, pues solo se necesita una votación en los 30 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El artículo 86 de la Constitución reserva este mecanismo a los casos de «extraordinaria y urgente necesidad».
De esta forma se evitaría ralentizar más la entrada en vigor de una medida que es fundamental para aliviar al archipiélago de la presión y para garantizar que se cumplen los derechos de la infancia y que se brinda una correcta atención a todas las necesidades de esos niños y adolescentes que han abandonado su país sin la compañía de algún familiar. «Entendemos que esto es un asunto de Estado y estamos intentando recabar el mayor consenso posible entre los grupos políticos», afirma el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello. Desde el Gobierno central, apunta Cabello, han pedido tiempo para estudiar las diferentes alternativas.