El Supremo se inclina por dejar que Trump se presente a las elecciones
La primera vista sobre su exclusión en Colorado favorece al expresidente Magistrados progresistas también muestran dudas sobre la legalidad del veto
IDOYA NOAIN
Buenas noticias para Donald Trump desde el Tribunal Supremo. En una vista celebrada ayer para estudiar el caso de Colorado, donde en diciembre el Supremo estatal vetó al expresidente para aparecer en las papeletas de las primarias al considerar que sus acciones para intentar revertir las elecciones de 2020 lo hacen un insurrecto descalificado para ocupar de nuevo la presidencia, las preguntas que plantearon los magistrados a los abogados expusieron gran escepticismo ante la idea de que Colorado tenga autoridad para ese veto.
Habrá que esperar a que se dicte sentencia para constatarlo, pero las incisivas cuestiones a Jason Murray, el abogado que representa a los cuatro votantes republicanos y dos independientes de Colorado que iniciaron el caso contra Trump, dejaron la clara sensación de que el Supremo fallará a favor del expresidente y favorito para la nominación republicana para las elecciones de noviembre.
Esos interrogantes llegaron no solo de los seis jueces conservadores que tienen la mayoría en el Supremo, tres de ellos nombrados por el propio Trump, sino también de dos de las tres jueces procación, gresistas. Y la cuestión central que parece preocuparles la planteó una de ellas, Elena Kagan: «¿Por qué un solo Estado decide quién puede ser presidente de Estados Unidos? ¿Por qué un solo estado debería tener la capacidad de hacer esta determinación no solo para sus ciudadanos, sino para el resto de la nación?».
Además de ese escepticismo, togados como el juez John Roberts, presidente del Supremo, mostraron alerta por las «consecuencias bastante sobrecogedoras» que podría tener que mantuvieran la decisión del Supremo de
Colorado. Roberts sugirió que otros Estados podrían seguir el modelo para excluir en el futuro tanto a candidatos demócratas como republicanos. Y el juez Brett Kavanaugh recordó que «la democracia es dejar a la gente decidir» y afirmó que si se mantuviera la decisión de Colorado «los votantes perderían su derecho de elegir».
En el centro de este caso está la Enmienda 14 de la Constitución, aprobada en 1868, tres años después del final de la guerra civil. Concretamente el núcleo del debate es su sección tercera, conocida como la cláusula de descalifique intentó frenar que los confederados ocuparan posiciones de poder.
Esa sección estipula que «no podrá desempeñar cargo civil o militar alguno bajo autoridad de EEUU [...] quien habiendo jurado previamente defender la Constitución de Estados Unidos [...] como funcionario ejecutivo [...] haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra EEUU o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país».
Los jueces del Supremo no parecen inclinarse por entrar a considerar de forma definitiva si Trump puede ser calificado como insurreccionista, algo que sí hizo el Supremo de Colorado pero que negó Jonathan Mitchell, el abogado de Trump, que defendió que lo que sucedió el 6 de enero «fue una revuelta, no una insurrección».
LAS DUDAS No es un argumento que pareciera convencer a la magistrada progresista Ketanji Brown Jackson, aunque cuestionó que la redacción de la sección tercera incluya al cargo de presidente. Y Mitchell también encontró algo de aparente respaldo en su idea de que la cláusula, tal y como está redactada, afecta a alguien para ejercer un cargo, no a un candidato que se presenta a unas elecciones para llegar a ese cargo.
La mayoría de los magistrados también parecen inclinarse por la posición de que debería ser el Congreso el que establezca los mecanismos de la aplicación de la enmienda (o incluso determinar qué es insurrección). Y también en este terreno la jueza Brown Jackson subrayó que, cuando se preparó la Enmienda 14, precisamente se trató de contener el poder de los estados frente al federal.