Gasolineras y petroleras, en pie de guerra por el fraude
La moratoria de la última reforma legal ha disparado las infracciones
DAVID PAGE
El sector de las gasolineras y de las petroleras lanza un SOS para poner freno a los fraudes millonarios que realizan empresas piratas en la venta de combustibles y que ponen en peligro la viabilidad de muchas empresas del sector, que no pueden competir por los precios anormalmente bajos de los carburantes que se consiguen con las prácticas fraudulentas. Desde el sector se alerta de que los cambios legales promovidos por el Gobierno precisamente para evitar el fraude han provocado una sacudida en el sector y han propiciado involuntariamente que se dispare en las últimas semanas.
El Gobierno ha lanzado una reforma de la ley de hidrocarburos para poner coto a la proliferación de estos fraudes millonarios. Una reforma que el Ejecutivo incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de fin de año, pero cuyas medidas no entrarán en vigor hasta el 28 de marzo. Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha hecho que se estén disparando exponencialmente las prácticas fraudulentas antes de que se apliquen los cambios legales.
Las últimas semanas, un millar de gasolineras de las 12.000 operativas en el mercado español han ofrecido precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos generales, que implicarían venta a pérdidas, denuncian fuentes del sector, que lo ven como la demostración de la proliferación de las ilegalidades.
Los fraudes son variados y se extienden a todas las obligaciones financieras que se aplican a las compañías del sector: desde los impagos por parte de muchas empresas del IVA o de los impuestos especiales hasta el escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (Sicbios) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
MEDIDAS ADICIONALES Los datos que maneja el Ejecutivo muestran que solo el agujero provocado por el fraude del IVA en la venta de carburantes puede ascender a los 700 millones anuales. Varias patronales del sector de los combustibles se han unido para reclamar medidas adicionales para eliminar el fraude. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor), organizaciones de gasolineras independientes (Aevecar y UIP), productores de carburantes alternativos (APPA Biocarburantes y Bio-e) y operadores de las terminales de combustibles (ATLiq, que incluye a Exolum y Disa) preparan una propuesta conjunta de nuevas medidas fiscales y operativas que trasladarán al Ejecutivo para acabar con el fraude.
La Confederación España de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) alerta de la «proliferación de una enorme bolsa de fraude» que se ha disparado.