La Fiscalía pide el traslado a España de una fiscal afgana
Protección para los fiscales afganos, especialmente las mujeres, que ahora son perseguidas por los mismos yihadistas contra los que actuaron y hoy están libres gracias al régimen talibán. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado a la Sala de lo Contencioso de este órgano que se acuerde el traslado a España de una de ellas para que pueda obtener protección internacional.
La situación de esta fiscal es muy similar a las de las 27 fiscalas y juezas afganas que sobrevivían de forma precaria en la capital de Pakistán desde la caída de Kabul y lograron llegar a nuestro país hace poco más de un año. Eludieron así una muerte casi segura en el caso de ser deportadas a su país de origen. Un riesgo que cada día que pasaba era más cercano, pues sus permisos de permanencia en Pakistán se encontraban caducados.
En una situación similar está la fiscal por la que ahora se ha interesado la Fiscalía española, que estuvo destinada a la lucha antiterrorista en la República
La magistrada encarceló a un líder islamista que ha quedado en libertad
de Afganistán. En ejercicio de sus funciones participó directamente en casos relevantes, entre otros, en la investigación y acusación del entonces líder de Estado Islámico en Afganistán.
Su marido, abogado de profesión, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses, según informa el Ministerio Público español. Cuando los talibanes asumieron el poder en Afganistán liberaron a todos los criminales presos, entre ellos a los terroristas que había acusado.
Ante el grave peligro para su vida, huyó a Pakistán con su hijo que entonces tenía 5 años y su hermana menor; encontrándose pendiente de deportación a Afganistán, adonde ya ha sido enviada esta última con paradero desconocido. Esta mujer está además señalada por haberse pronunciado públicamente contra las medidas que restringen severamente derechos fundamentales en su país. El asunto llegó a los tribunales ante el silencio de las autoridades españolas frente a la solicitud de protección internacional realizada por la fiscal ante la Embajada Española.