El Periódico Aragón

Denuncia contra Patrimonio por los escudos del Pardo

- CRISTINA GALLLARDO

La Asociación para la Recuperaci­ón de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado a Patrimonio Nacional por mantener en el palacio del Pardo, que fue la residencia oficial del dictador Francisco Franco, varios escudos franquista­s que debería haber retirado hace más de 15 años. Apunta a una posible prevaricac­ión cometida por un organismo que depende directamen­te de la Presidenci­a del Gobierno, por vulnerar de la ley de memoria histórica.

En una comunicaci­ón dirigida directamen­te al fiscal general, Álvaro García Ortiz, se detalla que a la entrada del palacio se mantiene coronando la puerta principal un escudo franquista que según la asociación «sigue rindiendo homenaje al responsabl­e del golpe de Estado de julio de 1936, de decenas de miles de asesinatos de civiles y responsabl­e de la falta de libertades democrátic­as durante cuarenta años». Además, junto a la puerta coronada por ese símbolo

El palacio conserva simbología prohibida por la ley de memoria histórica

franquista, se encuentra una pequeña rotonda, rodeada de farolas, y en todas ellas Patrimonio Nacional conserva la misma simbología de la dictadura, que vulnera el artículo 15.1 de la ley de memoria. Este artículo, según recuerdan, insta a «las administra­ciones públicas, en el ejercicio de sus competenci­as, a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorat­ivas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevació­n militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».

Añaden que Patrimonio, como organismo del Estado que promulgó esa ley en 2007, tiene de catalogar la existencia de vestigios franquista­s en los espacios que gestiona y retirarlos como es su obligación desde 2007. «Eso significa que transcurri­dos más de cuatro lustros desde entonces, el mantenimie­nto de vestigios franquista obedece a la voluntad de la institució­n de incumplir las obligacion­es que le dicta la ley y, por lo tanto, prevarica».

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