PP, Vox y PAR acaban en Aragón con la memoria democrática
La ultraderecha cosecha su primera victoria en un pleno marcado por la confrontación La oposición y el ministro del ramo rechazan frontalmente la decisión de la DGA
Llegó el día. Partido Popular y Vox completaron ayer la derogación de la ley de memoria democrática de la comunidad, uno de sus primeros hitos desde que llegaran de la mano al Pignatelli, con el apoyo del PAR. Mientras que la ultraderecha celebró la acción, los conservadores volvieron a apoyarse en la política nacional para tapar una derogación que toda la izquierda le echó en cara, criticando el cambio de parecer respecto a la postura de 2018. El PAR, por lo bajo, apoyó también la eliminación del texto que saltó a la palestra nacional en boca del ministro Ángel Torres, que acusó al Ejecutivo aragonés de «hacer apología del franquismo».
El calentamiento de hace dos semanas, con el inicio de la tramitación de la derogación del texto, no sirvió para rebajar la tensión en un nuevo pleno marcado por la bronca y por el regreso de Jorge Azcón a las Cortes. La oposición se unió como pocas veces para culpar al PP de la derogación, criticando «la compra» de los postulados de Vox, mientras que los conservadores marcaron levemente la distancia con la ultraderecha, con pocos aplausos y abordando otros temas en sus intervenciones.
La encargada de desviar sin éxito el foco fue Ana Marín, que lamentó que la izquierda «no es capaz de superar» los hechos ocurridos durante la dictadura franquista ni la guerra civil. «Hoy se empieza a reconocer a todas las víctimas, sin distinción», insistió, reivindicando un plan de concordia del que todavía no se sabe casi nada.
Marín utilizó la política nacional para evitar la confrontación directa con las izquierdas sobre la derogación. «Mientras Moreno Bonilla estaba en Barbate, Sánchez se iba a los Goya», explicó la popular, en referencia al reciente asesinato de tres guardias civiles por el narco, acusando al PSOE de «olvidarse de las víctimas que acabamos de enterrar», criticando que los socialistas «se acuerdan más de las víctimas de hace 100 años». Además, la ley de amnistía, «la vergüenza de toda España», se coló en el habitual recurso de la política estatal.
La ultraderecha de Vox sí celebró la derogación de la ley, un plan que sí estaba en su programa electoral, pero del que no había rastro en el texto de los populares. «Hoy derogamos la nefasta ley de memoria, que no deja de ser una herramienta de agitación social», manifestó su portavoz, Santiago Morón. «La voluntad mayoritaria de los aragoneses es contraria a esta ley, como ratificaron en las urnas y como se suscribió en el acuerdo de Gobierno», aseguró Morón, que consideró que la ley memorialista «atenta contra la libertad de expresión y busca la construcción de un relato político oficial». «Ustedes han desenterrado
El edil Suso Domínguez recordó que había avisado al ayuntamiento en la comisión de Presidencia, mientras que fuentes municipales aseguran que no tenían constancia de ninguna convocatoria. sucedido ayer «duele» porque «se echa a la basura una ley que buscaba la concordia mediante el reconocimiento de todas las víctimas». Alastuey aseguró que la derogación implica «la eliminación de derechos», y que «se cumple la agenda de Vox».
Desde Chunta Aragonesista, José Luis Soro manifestó su apoyo a las asociaciones memorialistas. Para Soro, «dejarse utilizar es tan grave como proponerlo», en referencia a la actuación del PP, al que afeó «la incoherencia política» por su cambio de postura frente a la posición adoptada en 2018, con la aprobación del texto. «La ley de memoria no se debe derogar, porque los hechos siguen ahí y no los van a esconder», afirmó Pilar Buj, de Teruel Existe, que criticó que «el franquismo construyó el relato que hoy quiere imponer Vox».
Para Izquierda Unida, la derecha cometió ayer «un dolorosísimo ataque contra las víctimas del franquismo». Así lo definió su portavoz, Álvaro Sanz, que insistió en que es «necesario recordar, conocer y estudiar para garantizar el principio de no repetición».
Por parte de Podemos, Andoni Corrales recordó al régimen franquista como «terrorista» y avisó de que la formación morada «vigilará el cumplimiento de la legislación estatal en todos los pueblos de la comunidad».
La polémica derogación llevada a cabo por los tres partidos presentes en el Gobierno de Aragón no se quedó entre las paredes del Palacio de La Aljafería, sino que fue objeto de discurso también en La Moncloa. Fue el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, quien definió como «asombroso» el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo autonómico.
«Me parece asombroso que haya representantes democráticos que quieran dejar vestigios antidemocráticos», declaró Torres, que añadió que a los representantes políticos «no los votan democráticamente para que luego desde el poder se haga apología del franquismo». El propio Torres, en otro asunto que salpica a Aragón, anunció que la Conferencia de Presidentes Autonómicos no se celebrará hasta después de las elecciones vascas.
No tardó en llegar la respuesta del Gobierno de Aragón. La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, señaló que el Gobierno central «no puede dar lecciones de democracia a nadie». Vaquero lamentó que «los ministros de Sánchez se dedican a insultar», añadiendo que el PSOE «gobierna con los independentistas, con partidos que buscan romper la Constitución y gracias al apoyo de los herederos de ETA». Más contundente fue el vicepresidente primero y líder de la ultraderecha en la comunidad, Alejandro Nolasco, que calificó de «sectario, inculto e ignorante» al ministro Torres.