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«Víctimas no son todos», recuerdan DPZ ampliará las ayudas a medio millón
«Derogaréis la ley, no la memoria». Con este lema, unas 200 personas protestaron ayer frente al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, coincidiendo con el debate parlamentario para la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que consumaron PP, Vox y el PAR. La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, y el diputado delegado de Memoria Democrática, Ruben Esteve, se sumaron a la denuncia y recordaron que la DPZ tendrá 200.000 euros ampliables a 450.000 para las entidades memorialistas.
Anabel Lapuente, presidenta de la Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón, reivindicó «que la ley no se derogue y que las personas que sufrieron represión, asesinatos, campos de exterminio, bebés robados o cualquier tipo de injusticia durante la época del franquismo y la guerra civil sean reconocidos como víctimas». «La ley que teníamos hasta hoy les reconocía y les daba derechos, pero ahora se les quitan. Reivindicamos que se siga ayudando a todas las familias que necesitan recuperar los restos de sus seres queridos y que se permita a los historiadores y profesores que cuenten la historia tal y como fue: basta ya de equidistancia y de blanqueamiento», subrayó Lapuente.
«Nosotros solo hemos querido que todas las personas tuvieran el reconocimiento que se merecían.
Ellos no quieren que se reconozcan como víctimas, quizás porque reconocerles como víctimas es conocer las tropelías que cometieron», añadió la presidenta. Con todo, dejó claro el compromiso de la PAMA para «seguir trabajando por las familias» y defendió que les queda el «reducto» de la DPZ y la Secretaría de Estado. Sobre el Plan de Concordia del Gobierno PP-Vox, Lapuente marcó distancias. «Nos quieren equiparar ¿a qué víctimas? Por fortuna en este país todas las víctimas están reconocidas excepto las del franquismo, que dejan de estar reconocidas hoy en Aragón», zanjó.
La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, lamentó que la ley de Memoria «se liquida por la vía de urgencia, incapaces de empatizar con el sufrimiento de las familias», pero defendió que la institución «va a seguir enarbolando la bandera de la memoria democrática».
Rosa Casas, nieta de un fusilado e hija de un represaliado, lamentó la derogación. «Dicen que todos son víctimas. Pero no. Las víctimas somos nosotros, los que sufrimos 40 años de dictadura y represión», recalcó. «A mi abuelo lo fusilaron el 20 de julio del 36. No supimos nada de él hasta tiempo después y hasta hace muy poco no hemos tenido la partida de defunción», explicó. «Vamos a seguir luchando y a resistir. Esto es una vergüenza», concluyó.