El narcotráfico que no cesa
La demanda de estupefacientes es tan incondicional que el negocio es seguro
El asesinato de dos guardias civiles en Barbate el pasado día 9, cuando una narcolancha de gran potencia embistió voluntariamente a una zódiac del instituto armado, ha reabierto con crudeza la polémica cruenta que nos acompaña desde mediados del siglo pasado, cuando comenzó un activo tráfico de drogas entre los lugares de producción y los de distribución y consumo. El uso de sustancias psicoactivas es tan antiguo como la propia especie humana, pero la comercialización a gran escala de estos productos, naturales o elaborados, es rabiosamente contemporánea. Y los graves daños sanitarios que producen los estupefacientes han generalizado una respuesta potente de los Estados: la prohibición del cultivo, del tráfico y hasta del consumo.
La primera vez que se registró el concepto de «guerra contra las drogas» fue en 1971, el año de la gran eclosión de variados estupefacientes, y fue el presidente Nixon quien la utilizó al anunciar una gran campaña de aplicación de la rigurosa prohibición que se había impuesto. La penalización de estas actividades está siendo severa y actualmente algunos estados mantienen la penalización del consumo, pero otros muchos, España entre ellos, tan sólo persiguen la producción y el tráfico.
A estas alturas, es bien patente que esta «guerra» no ha dado resultado. Por una parte, el fenómeno –el tráfico y el consumo– tienen proporciones gigantescas. Según Amnistía Internacional, el 20% de la población reclusa en todo el mundo lo es por delitos relacionados con las drogas; el principal motivo de encarcelamiento de las mujeres tiene también que ver con este comercio; según una investigación realizada por HRW y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Estados Unidos se detiene cada 25 segundos a alguien por posesión de drogas para consumo personal. Todavía se aplica la pena de muerte a delitos de narcotráfico en más de 30 países; en 2022, Amnistía Internacional documentó ejecuciones por delitos relacionados con drogas en Arabia Saudí, China, Irán y Singapur. En Filipinas, se producen al año miles de ejecuciones extrajudiciales de narcotraficantes.
Por otra parte, parece acreditado que el narcotráfico no se erradicará por vías represivas exclusivamente. La demanda de estupefacientes es tan consistente e incondicional –entre otras causas por la adicción que causa en los consumidores– que el negocio es seguro, por mucho que los riesgos que afecten a sus ejecutores crezcan con la represión policial. Los beneficios son de tal envergadura que siempre habrá voluntarios para intentar el tráfico, a cambio de fabulosas recompensas.
Ante esta situación, Amnistía Internacional y otras asociaciones humanitarias contra las drogas proponen soluciones multidisciplinares, que aprovechen la experiencia adquirida para hallar cauces imaginativos al problema.
La penalización del consumo no es solución, por lo que el camino correcto es la despenalización vinculada a un gran esfuerzo de concienciación y desintoxicación.
Es obvio que no se puede despenalizar el tráfico y la comercialización de estupefacientes tóxicos que generan dependencia y matan a sus víctimas, pero no bastan las soluciones policiales.
En España, el narcotráfico andaluz se establece en zonas de elevado desempleo en que muchos jóvenes sin expectativas recurren al narcotráfico para cumplir sus sueños... que casi siempre concluyen en desenlaces trágicos. En muchos países, el tráfico de drogas está vinculado a la pobreza, a la prostitución y a la explotación de personas, y los grupos más afectados son minorías marginales por razones raciales o culturales.
En definitiva, la lucha contra esta lacra requiere sofisticados medios de control y represión, pero también, y sobre todo, una gran sensibilidad que desemboque medidas de desarrollo social, en un sistema educativo más exigente, en la lucha por la empleabilidad y la integración de las generaciones emergentes y en la formación de un clima hostil contra las mafias que financian, con beneficios astronómicos, un tráfico mortal para quienes lo realizan, para los que lo reprimen y para sus destinatarios finales. Lo más dramático de los asesinatos de Barbate, cometidos ante una muchedumbre expectante, es que los mafiosos eran jaleados por numerosas personas, que ahora serán requeridas para que respondan por aquella aberración.
Estamos, en fin, ante un asunto tortuoso, que requiere un esfuerzo coordinado de muchos actores para que pueda ser convenientemente orientado hacia una solución.
La lucha contra esta lacra requiere sofisticados medios de control y represión