La Sareb quiere vender 670 pisos a la DGA y los ayuntamientos
La consejería de Fomento estudia adscribirse a un programa estatal para financiar parte de la operación El ‘banco malo’ plantea sobrevivir a su desaparición, prevista para 2027, como un gestor de alquiler social
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida popularmente como el banco malo, ofrece de forma preferente al Gobierno de Aragón y las entidades locales casi 700 pisos de los que posee en la comunidad para que estas incrementen ipso facto su parque público de vivienda destinado a alquiler social o asequible. Se trata de 460 viviendas en Zaragoza, 102 en Huesca y 106 en Teruel según el inventario de finales de enero, de las que la mitad se hallan listas para entrar a vivir y la otra mitad necesitarían «un último retoque» para ser comercializadas porque les faltan algunos trámites, certificaciones o arreglos.
Hasta ahora, comprarle vivienda a la Sareb para incrementar el parque público era una idea que siempre se había desechado, bien porque se entendía que la sociedad se desprendió de los activos más apetecibles en sus primeros años de vida o porque se optó por otras estrategias. Sin embargo, el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema social de primer orden –el consejero del ramo, Octavio López, dice que Aragón necesita entre 16.000 y 18.000 nuevos alojamientos–, lo que ha llevado a la dirección general de Vivienda del Gobierno de Aragón, que depende de la consejería de Fomento, a estudiar la posibilidad de empezar a adquirir inmuebles de la Sareb.
De hecho, según explica la directora general de Vivienda, María Pía Canals, a este diario, «cabe la posibilidad» de reformular el reparto de la financiación de los programas estatales 2022-2025 (asumidos al 70% por el Estado) y dotar de músculo presupuestario al plan número 9, destinado precisamente a la adquisición de activos de la Sareb y hasta ahora inédito en Aragón.
Habitualmente, la Sareb había soltado su lastre inmobiliario a través de la venta a particulares, entre los que despierta un apetito voraz, como demuestra que en 2023 vendiera 10.700 viviendas con un precio medio de 87.652 euros. Casi el 90% de las ventas fueron a particulares y solo un 3,3% a administraciones.
Sin embargo, la estrategia del mandato desinversor (la venta de activos para repagar deuda avalada
por el Estado) cambió radicalmente en 2022, cuando se convirtió en una sociedad participada mayoritariamente por el Estado tras la toma de control de la mayoría accionarial a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Fue entonces cuando se impulsaron tres planes para poner en el mercado inmobiliario la cartera de pisos de la Sareb con un marcado acento en ayudar al fomento de la vivienda pública. Unas 14.000 casas se destinaron a un incipiente programa de alquiler social con acompañamiento dirigido a las familias vulnerables que ya habitan en viviendas de la Sareb. Otras 21.000 se pusieron a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para ampliar los parques de vivienda autonómicos –aquí entran las 700 en Aragón–. Por último, se proyectó la construcción de otros 15.000 pisos en suelos cedidos a favor de inversores para construir vivienda pública destinada al alquiler
asequible en lo que se llamó proyecto Viena.
Todo junto suma una cifra mágica: 50.000 viviendas. Las mismas que Pedro Sánchez anunció en la campaña de las elecciones generales en julio de 2023 aprovechando el trabajo realizado desde la Sareb desde que fue adquirida por el Estado al incorporar un principio de sostenibilidad y utilidad social al banco malo, en cierto modo para acabar con el estigma que arrastra la sociedad. Ahora se abre como una oportunidad para las autonomías como Aragón, que carecen de algo a lo que se pueda llamar un parque público de vivienda.
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LA SUPERVIVENCIA DE LA SAREB Desde su creación en 2012, la entidad ha trabajado en base al mandato desinversor que motivó su creación tras asumir los activos tóxicos que los grandes bancos americanos les colaron a 24 cajas de ahorro españolas con la crisis de las subprime. Debía hacerlo de la forma más ren
table posible durante 15 años, por lo que su extinción está prevista para 2027, cuando deberá haber soltado todo su lastre. O no... porque la Sareb quiere sobrevivir a su muerte anunciada convirtiéndose en el mayor gestor de alquileres sociales de España, como reconoce el presidente de la sociedad, Javier Torres, en un artículo publicado la semana pasada en la revista del Instituto de Estudios Económicos (IEE). En el documento, Torres pide valorar la «eventual reconversión futura en el embrión de un gestor público de alquiler social» gracias a la experiencia que está adquiriendo desde hace un año y medio en el complejo mundo del arrendamiento de vivienda pública.
Esta experiencia la ha ganado la Sareb casi por obligación, fruto del dinamismo de su cartera. Al tiempo que se deshace de activos, la Justicia dirime sobre las reclamaciones por los impagos de algunos promotores, lo que aumenta sus posesiones. Sin embargo, cuando esos largos procedimientos terminan la Sareb se ha ido encontrando con que el 40% de las viviendas que adquiere están habitadas, bien por alquileres legales a los que Sareb se subroga, bien por personas estafadas por el promotor que viven en la casa, bien por personas vulnerables que han entrado con mafias o por sí mismas, vía okupación conflictiva.
En septiembre de 2023, este programa cumplió un año y en toda España la Sareb gestiona unos 6.500 alquileres sociales aprobados. La cifra es bastante reducida todavía en Aragón, pues apenas suma 40 contratos formalizados.
La última pata de la nueva política de promoción de vivienda social de la Sareb es el proyecto Viena, con el que el banco malo quiere ceder suelo para construir 15.000 viviendas para alquiler asequible a través de la colaboración público-privada. La sociedad impulsará durante el primer trimestre del año una primera fase con 3.500 pisos en 10 comunidades autónomas. Entre ellas no está Aragón, aunque fuentes de la Sareb afirman que entrará en futuras fases.
La sociedad continúa adquiriendo viviendas, pero el 40% de ellas están ocupadas