Marlaska desoye las críticas por la falta de más de 600 guardias civiles
El ministro defiende el «máximo histórico» de agentes al visitar la comisaría de Calatayud La DGA cifra en 656 las plazas sin cubrir del Instituto Armado en los pueblos aragoneses
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desentendió ayer de la falta de guardias civiles que sufren los pueblos aragoneses a tenor de las más de 600 plazas sin cubrir (656) del Instituto Armado entre las provincias de Zaragoza (218), Huesca (249) y Teruel (189). El socialista sacó pecho de los «máximos históricos» de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –«hemos incrementado las plantillas más de un 10% en los últimos cinco años», precisó–, pese a que la comunidad presenta ratios de cuatro agentes por cada 100km2 en Teruel. «Uno de nuestros objetivos es dotar a la España rural de los servicios necesarios y precisos y, dentro de estos servicios, está el de la seguridad. Es un compromiso real y efectivo», explicó Marlaska en Calatayud con motivo del acto de inauguración de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
La visita del titular de la cartera de Interior no estuvo exenta de polémica como consecuencia de «un fallo de comunicación interna» en el seno del Gobierno de Aragón que llevó a su presidente, Jorge Azcón, a criticar al Gobierno central por no invitar al Ejecutivo autonómico a la inauguración. «Ha habido un fallo de comunicación interna. Por desgracia, ocurre lo contrario en la falta de efectivos de Policía y Guardia Civil en nuestra comunidad. Es obvio que faltan cientos de plazas sin cubrir y eso repercute en la seguridad en el ámbito rural», respondió Azcón al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a través de su cuenta de X, antes Twitter.
Más allá de este rifirrafe político, Marlaska volvió a pasar de puntillas la falta de guardias civiles en la comunidad aragonesa, tal y como hiciera hace unas semanas al responder a la misiva de la Consejería de Presidencia, Interior y Cultura en la que le alertaban de una «sensación de inseguridad». Ya adelantó entonces lo que repitió ayer en alusión a la ampliación de «la oferta de empleo público» en 2023, según el ministro, «la más alta de los últimos años». En su misiva, precisamente, se desentendía del medio
rural aragonés porque solo aludía los datos globales de la comunidad al situar en 3,8 el ratio de efectivos policiales –también el Cuerpo Nacional de Policía, que no opera en los pueblos– por cada 100.000 habitantes.
/ ARAGÓN, «BUENA PRUEBA» Ayer, el ministro puso de ejemplo a Aragón como «buena prueba» del incremento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio nacional, pese a que las asociaciones del Instituto Armado denuncian todo
lo contrario. No en vano, algunas comarcas como Valdejalón sufren, desde finales del año pasado, una oleada de robos en viviendas y fincas agrícolas y solo Épila contabilizó una treintena de episodios en un solo mes. Así lo constatan también las cifras del portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, que reflejan un aumento del 33% de las infracciones penales durante los dos últimos años al pasar de 36.000 en 2020 a 47.900 en 2022.
La concantenación de todo ello fue caldo de cultivo para que,
ayer, Marlaska fuera recibido entre pitos y abucheos al participar en la inaguración de la comisaría de Calatayud. Las nuevas dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, situadas en la calle Manuela Sancho, han supuesto una inversión de 2.560.795 euros y su construcción ha seguido parámetros de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad. «Mejoran notablemente tanto las condiciones de trabajo de los funcionarios, como la accesibilidad y atención a los ciudadanos», apuntaron desde el ministerio.