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Los procesos iniciados en Bélgica, Alemania, Italia y Suiza por la ejecución de euroórdenes o peticiones de información evidencian las dificultades de la justicia para perseguir a los investigados
La respuesta de Suiza al juez Manuel García Castellón parece ser un déjà vú de las dificultades que, especialmente el Tribunal Supremo, ha ido encontrando al llamar a la puerta de la justicia de otros estados europeos en relación con el procés en Cataluña, concretamente para lograr el retorno del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers huidos tras la fallida declaración de independencia.
La respuesta negativa de Bélgica a entregar al exconseller de Cultura Lluís Puig, que como Puigdemont eligió el país para establecerse, obligó a llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en enero de 2023 se alineó con el instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, en su pugna por las autoridades belgas en relación con la ejecución de las euroórdenes. La Justicia europea también acabó dando la razón a la justicia española el pasado mes de julio al acabar refrendar el suplicatorio cursado por Llarena y retirarle la inmunidad a Puigdemont.
Las detenciones de Puigdemont, primero en Alemania (2018) y después en Italia (Cerdeña, 2021) no sirvieron para desbloquear la situación y lograr su entrega a las autoridades judiciales españolas. Unas dificultades que en vuelven a repetirse ahora con respecto a Suiza y los requerimientos del juez que investiga Tsunami por delitos de terrorismo. La negativa suiza a contestar al juez García Castellón ya se materializó en la comisión cursada en 2019 y respondida en 2020, en la que las autoridades helvéticas enmarcaron la petición de ayuda española en «un delito político».