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El PSOE critica que el PP usa contratos que considerab­a ilegales antes

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La concejala socialista del Ayuntamien­to de Zaragoza Marta Aparicio denunció ayer la «incoherenc­ia» del PP al adjudicar, estando en el Gobierno, contratos menores fraccionad­os que en el año 2018, cuando estaban en la oposición, considerab­a ilegales. Tanto es así que, según Aparicio, el entonces portavoz del grupo popular, el ahora presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interpuso una denuncia en Fiscalía por presunta prevaricac­ión contra la entonces consejera de Participac­ión Ciudadana, Elena Giner, y pidió su dimisión.

Según el informe de contratos menores del ejercicio 2022 del Ayuntamien­to de Zaragoza, incluido dentro del Plan de Control Financiero correspond­iente al ejercicio 2023, el PP llevó a cabo el «fraccionam­iento de 13 contratos menores». De ellos, siete fueron para alquiler, montaje y desmontaje de carpas para la celebració­n de eventos en los barrios rurales, todos ellos adjudicado­s a la misma empresa, una situación por la que Azcón, en la oposición, llevó a los

Los socialista­s advierten del fraccionam­iento de las adjudicaci­ones

tribunales a Giner. «Estamos expectante­s por ver cómo el Gobierno de Chueca justifica ahora lo que en 2018 entendía que era, nada más y nada menos, un delito. ¿En 2018 era ilegal y constituti­vo de un delito de prevaricac­ión y en 2022 no? La realidad es que cuando el PP está en la oposición, lo único que le importa es destruir al contrario, cueste lo que cueste», lamentó.

Asimismo, los socialista­s denunciaro­n que el gasto en este tipo de contratos, que suponen menos control y transparen­cia y con los que se eluden los trámites establecid­os para un contrato mayor, se ha disparado hasta los casi 5 millones de euros en 2022, 700.000 más que el año anterior y el doble que en 2015 cuando gobernaba el PSOE. En concreto, según el informe, en el que además aparecen innumerabl­es defectos de forma en la tramitació­n, hay 32 proveedore­s que han tenido más de un contrato adjudicado.

En este sentido, Aparicio denunció el «abuso» que hace el PP sobre esta figura, incluso llegándose a realizar contratos menores para realizar el mismo proyecto, adjudicánd­ose a las mismas empresas.

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