La UE acuerda endurecer las normas sobre la calidad del aire
El fin es reducir el número de muertes prematuras provocadas por la polución, que son 300.000 al año El objetivo último a alcanzar es erradicar o mantener a raya la contaminación para 2050
La Unión Europea ha entrado en la recta final de la legislatura y los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo se afanan en cerrar acuerdos sobre todo tipo de propuestas. Una de las últimas que ha recibido el aval político, el martes por la noche, ha sido la normativa llamada a establecer límites más estrictos para varios contaminantes y armonizar los indicadores de calidad del aire, con el objetivo de reducir el número de muertes prematuras provocadas por la polución, estimadas en 300.000 al año pese a la mejoría de la situación, y erradicar la contaminación para el año 2050.
«El acuerdo es un gran paso adelante en nuestros esfuerzos por garantizar un futuro más limpio y saludable para todos los europeos», ha celebrado el eurodiputado socialista y ponente de la Eurocámara, Javi López, sobre la nueva herramienta para combatir una «pandemia a cámara lenta» y actualizar normas que se habían quedado «obsoletas»”, con más de quince años de antigüedad, que permitirán mejorar el control cerca de donde se produce la contaminación proporcionando así como «una mayor protección a las poblaciones sensibles y vulnerables».
Las nuevas normas establecen límites y valores objetivo más estrictos para 2030 de lo que recogen las normas actuales para una serie de contaminantes. Entre ellos las partículas finas (PM2,5, PM10), el NO2 (dióxido de nitrógeno) y el SO2 (dióxido de azufre), así como el benzo(a)pireno, el arsénico, el plomo y el níquel, entre otras. En el caso de los dos contaminantes con mayor impacto documentado en la salud humana, las PM2,5 y el NO2, los valores límite anuales se reducirán a más de la mitad, de 25 g/m³ a 10 g/m³ y de 40 g/m³ a 20 g/m³, respectivamente.
El pacto, que todavía deberá ser confirmado formalmente tanto por los ministros de la UE como por el pleno del Parlamento Europeo, permitirá a los Estados miembros solicitar antes del 31 de enero de 2029 un aplazamiento de los plazos, bajo «condiciones estrictas» y por «razones específicas». Para lograr este margen adicional, gobiernos tendrán que incluir proyecciones sobre la calidad del aire en sus hojas de ruta sobre la calidad del aire (que deberán establecerse antes del 31 de diciembre de 2028) que demuestren que los rebasamientos serán lo más breves posible y que el valor límite se alcanzará a más tardar al final del periodo de aplazamiento.
El plazo límite se alargará hasta el 1 de enero de 2040 a más tardar, para las zonas en las que el cumplimiento de la Directiva en la fecha límite resulte inalcanzable debido a condiciones climáticas y orográficas específicas o en las que las reducciones necesarias sólo puedan lograrse con un impacto significativo en los sistemas de calefacción doméstica existentes. También podrá extenderse hasta el 1 de enero de 2035 a más tardar (con posibilidad de prorrogarlo dos años más) si las proyecciones muestran que los valores límite no pueden alcanzarse en la fecha límite de cumplimiento.
La normativa, a la que se opuso en septiembre el PP y Vox, exige a los Veintisiete hojas de ruta, planes de calidad del aire y planes de acción a corto plazo para establecer medidas de emergencia pueden ir desde restricciones a la circulación hasta la suspensión de obras en construcción- para reducir los riesgos para la salud humana en zonas donde se superen los umbrales de alerta. Las nuevas reglas exigirán a los gobiernos que creen puntos de muestreo de la calidad del aire en pueblos y ciudades y garantizar a los ciudadanos su derecho a reclamar y obtener una indemnización cuando se hayan producido daños para su salud como consecuencia de una violación intencionada o negligente de las normas nacionales de transposición de determinadas disposiciones de la directiva.
En cuanto a las posibles sanciones por infracciones, la normativa aclara los requisitos para que los Veintisiete establezcan regímenes sancionadores efectivos, proporcionados y disuasorios y, tendrán que tener en cuenta la gravedad y la duración de la infracción además de si es recurrente, los afectados y los beneficios económicos reales o estimados derivados de la infracción. El pacto establece una cláusula de revisión en 2030. A partir de esa fecha habrá evaluación cada cinco años.