Consumo investiga la aplicación de la rebaja del IVA en los supermercados
Analiza si la subida ➲ de precio del aceite de oliva supuso más márgenes de beneficio Las tiendas ➲ denuncian hasta tres cambios de leyes al día durante 2023
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha pedido información a las principales cadenas de mercados y supermercados de España para investigar si están trasladando bien a los consumidores la bajada del IVA a determinados alimentos, como el aceite de oliva o las frutas y verduras. Esta reducción fue una las medidas aprobadas por el Gobierno en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocada por la invasión rusa en Ucrania.
El inicio de esta investigación tiene su origen en la recepción por parte de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, perteneciente a la Dirección General de Consumo, de diversas denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios, como Facua. En ellas, les trasladaban información sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año, principalmente en alimentos como las frutas y verduras o el aceite de oliva.
/ INCREMENTOS DESDE 2013 A últimos de diciembre, Facua-Consumidores en Acción publicaba el seguimiento
de ese mes sobre la evolución de casi un millar de precios de alimentos afectados por la rebaja del IVA en ocho grandes cadenas: Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona. El 53% de los precios analizados habían subido con respecto al que tenían a principios de año una vez aplicada la bajada del impuesto. En un comunicado, explicaban que estos precios se habían ido incrementando desde enero de 2013.
Además, a principios de este año, la organización aseguraba haber detectado un encarecimiento de hasta el 875% en el precio de determinados alimentos básicos en los supermercados con respecto a su precio en origen. «Llevamos desde el inicio de la legislatura enviando a Consumo uno o varios análisis de precios/denuncias cada mes, al igual que ha
cíamos con el Ministerio de Consumo en la legislatura anterior, pero este ministro sí ha reaccionado», asegura Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua.
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explica que esta investigación se encuadra dentro de la estrategia de transparencia y claridad en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo para «proteger a las personas consumidoras y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno de coalición».
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LA CARGA NORMATIVA Es una de las cuestiones que han puesto en el centro de sus reivindicaciones los trabajadores del campo estos días. Y, ahora, el último eslabón de la cadena agroalimentaria les da la razón: también los supermercados lidian con una carga administrativa que, en algunos casos, llega a «poner en riesgo el modelo de negocio» del comercio español. Según los datos que publica este miércoles Asedas –Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados–, voz de enseñas como Aldi, Consum, Dia, Lidl o Mercadona, en 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan al comercio, lo que equivale a algo más de 3 al día, informa Paula Clemente.
De acuerdo con el análisis que lleva a cabo esta patronal de los supermercados, casi la mitad son textos legales relacionados con el medioambiente (486). El resto, se dividen, esencialmente, entre cuestiones administrativas vinculadas a la seguridad alimentaria (254) y con la empresa como tal (221).