El ferrocarril en el Alto Aragón
Hay que plantear ya las propuestas para ir recuperando, al menos, parte de lo perdido
LHa llegado el momento de recuperar ese servicio para el Alto Aragón y de continuar con el resto del país
a movilidad sostenible es uno de los nuevos derechos sociales que debe ir concretándose en propuestas urgentes y medidas adecuadas en el territorio. Si hablamos de avanzar hacia un nuevo modelo de transporte hay que recuperar, sin duda, el ferrocarril convencional. Un medio de comunicación que ha ido sufriendo en Aragón un proceso de desmantelamiento de sus líneas, de los servicios prestados, con un lamentable deterioro de las diferentes estaciones de ferrocarril, de decisiones políticas que han generado recortes significativos en la plantilla y con un alarmante envejecimiento del material rodante. Todo consecuencia de decisiones políticas erróneas, fruto de décadas de abandono, por parte de todos los gobiernos de España, ora PP, ora PSOE.
Y si reconocemos la situación actual hay que plantear ya las propuestas para ir recuperando, al menos, parte de lo perdido. Por ejemplo: el tercer servicio diario de la línea ferroviaria Monzón-Lleida, un trayecto declarado Obligación de Servicio Público (OSP) por el Estado y que tiene ahora solo dos frecuencias diarias por sentido.
Antes de septiembre de 2014 se disponía de tres frecuencias, pero el Gobierno de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, decidió, unilateralmente, recortar una con base en la llamada eufemísticamente «reordenación de servicios de media distancia», cuando lo que querían decir, hatrenes, cer e hicieron se llamaba, y sigue llamándose, recortes en el transporte público. Toda una marca de identidad, por cierto, de aquel nefasto ejecutivo en todas sus políticas.
Y no solo eso, proponían además que si queríamos ese servicio de tren lo pagásemos desde el Gobierno de Aragón. Es decir, aquí nos tenía que costar dos veces disponer del mismo servicio, ya que en otros lugares sí lo asume el Estado, tal y como denunciamos desde CHA desde el mismo momento en que se conoció esta decisión.
¿No se le llena la boca de la palabra igualdad, a todas horas y en todo lugar, al presidente Azcón? Aquí, si hablamos de se le ha debido olvidar esa palabra en el «andén de la memoria perdida».
Fíjense si era una decisión injusta que hasta los propios servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, la Intervención de la DGA concretamente, advirtió que el pago de esas líneas ferroviarias corresponden al Estado. Es decir, un gobierno autónomo no puede subvencionar servicios más allá de su demarcación territorial.
Se basan en lo expuesto en la propia Constitución, artículo 149 exactamente.
Citamos el mismo por si PP y VOX quiere leer, de una vez, algo que les lleve más allá del «descarrilamiento político» al que someten, una y otra vez, al texto fundacional de la democracia.
Así que cuando no se abona el coste desde el Gobierno de España, ni se puede pagar desde aquí, la consecuencia era muy previsible: esa tercera frecuencia se retiró desde el pasado 29 de noviembre de 2021.
El servicio de tren se sigue prestando hasta Binéfar, en tierra aragonesa, porque, aunque se quisiera, no se podría ir más allá, salvo que o el Gobierno español o el catalán quisieran asumir el tramo hasta Lleida.
Con fecha 21 de marzo de 2023, el anterior Gobierno de Aragón ya envío una carta a la por aquel entonces secretaria general de Transportes y Movilidad, Mª José Rallo, para recuperar esa tercera frecuencia con coste económico a asumir por el Ministerio de Transporte, así como las líneas ferroviarias entre Caspe y Riba-Roja d´Ebre. Una carta de la que aún no se ha recibido respuesta.
Ha llegado el momento de recuperar ese servicio para el Alto Aragón y de continuar con el resto del país. Debemos poner esta «primera traviesa» de esa «nueva vía» hacia esa «estación de los necesarios principios» de la movilidad del futuro: «un derecho esencial para que las personas puedan acceder al trabajo y a los servicios públicos, vinculado a la libre circulación y a la facilidad de los desplazamientos, impactando de manera relevante en la calidad de vida de las personas», tal y como se expone en los motivos para una ley de movilidad sostenible.