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Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Esta entrevista tiene lugar el día en que Madrid se ve colapsada por la tractorada de los agricultores. Como ministro de Consumo, ¿es imposible evitar que un tomate que vale 10 céntimos en el campo le cueste un euro a los consumidores en el súper?
– – La ley de cadena alimentaria tenía por objeto regular esa cadena y evitarlo. Cuando analizamos los márgenes del sector, vemos que las mayores beneficiadas son las grandes empresas, que controlan cada vez más los mercados alimentarios. Sucede lo mismo con la política agraria común. En Europa, el 80% de las ayudas se las queda un 20% de grandes productores. Tenemos que transformar nuestra manera de producir y consumir alimentos, pero esa transición debe ser justa y social, yendo a circuitos cortos y a modelos sostenibles. Este sistema está perjudicando a quien más protege, cuida y conoce la tierra.
– ¿Cómo lleva el hombre de ideas esto de andar en cosas tan concretas como las que se tratan en este ministerio?
– Quienes me conocen saben que suelo repetir una frase de John Dewey, uno de los fundadores del pragmatismo norteamericano, una escuela filosófica con la que estoy bastante obsesionado: las ideas se miden en sus efectos. Tengo el reto de hacer que aquello en lo que creo y los valores que defiendo agarren en la realidad y afecten a la vida de la gente para mejorarla. Es la ambición con la que estoy en política.
Lleva casi 100 días de ministro. ¿Qué es lo que le ha sorprendido?
– – Lo cansado y complejo que resulta mantener la dinámica de diálogo, cooperación y acuerdo que exige la acción política. Venimos de sistemas bipartidistas y mayorías absolutas, pero ahora los equilibrios políticos son muy precarios y hay que acordar, encontrar el término medio y articular consensos entre diferentes. Es más difícil, pero lo veo como una oportunidad que puede mejorar la salud democrática del país.
– ¿Qué ley le gustaría que pasara a la historia con su apellido?
– De mis dos antecesores, Ione Belarra en Derechos Sociales y Alberto Garzón en Consumo, he heredado iniciativas que aspiro a con
tinuar. En breve llevaremos al Consejo de Ministros la Ley de Familias y la de Servicios de Atención a la Clientela. Esas leyes van a ser dos hitos en la protección social y de las personas consumidoras en España. Pero no me importa decirlo: no son leyes mías, la mayor parte del trabajo me lo he encontrado hecho. Será un honor y aterrizarlas en la realidad.
– ¿La futura Ley de Familias será muy distinta de la que estaba tramitando Belarra?
– Partimos del mismo texto, pero vamos a abrir un proceso de diálogo, escucha y negociación con todas las fuerzas políticas para introducir mejoras y que el resultado final tenga el mayor consenso.
– ¿Qué mejoras le gustaría incorporar?
– La Ley de Familias tiene tres ejes principales: reconocer la diversidad de familias que hay en España y aportarles protección jurídica, equiparar los derechos de las parejas de hecho con la de los matrimonios, algo que afecta a casi dos millones de parejas, y reforzar la protección de las familias monoparentales. Pero también incluye otras medidas para la protección económica de la crianza, con una ayuda de cero a tres años que queremos ampliar hasta los seis años. España debería tener una prestación universal por crianza hasta los 18 años, y por una cuantía mayor que la que existe. En ese sentido, somos una anomalía en Europa. Esto no está en el acuerdo de gobierno, desgraciadamente. Voy a trabajar para intentar conseguirlo lo antes posible, pero un paso intermedio sería intentar universalizar esa protección y extenderla hasta los seis años.
– Háblele a una pareja que se acaba de casarse y espera un bebé. ¿En qué otros aspectos les beneficia esta ley?
–Queremos extender los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas. En la pasada legislatura se crearon unos nuevos permisos de ocho semanas para cada progenitor hasta que cada hijo cumpla ocho años de edad, pero no son remunerados. Tenemos el compromiso de remunerar, al menos, cuatro de esas ocho semanas. Ahora hay que construir el consenso para acordarlos.
A veces, esas ayudas sociales son criticadas como paguitas.
– –España, debido a la dictadura, fue siempre con retraso respecto a Europa en la construcción del Estado del bienestar. Tenemos un Estado de bienestar parcial, fragmentario, infrafinanciado e incompleto. Con esta extensión de derechos sociales estamos acortando parte de esa distancia e incorporando cosas que en otros lugares son de sentido común. España tiene unos índices de natalidad bajísimos y unos índices de pobreza infantil inaceptables. Esto tiene que ver con la ausencia de un sistema de protección social que haga que las familias sean libres de verdad. Pero que sean libres e iguales no debería depender del patrimonio o de la herencia. Quien quiera llamar a esto paguita, tiene una venda ideológica tan poderosa que es incapaz de ver que una sociedad de bienestar garantiza igualdad de derechos y oportunidades a todo el mundo independientemente de donde venga. Con la Ley de Familias, mi intención es tender la mano a las formaciones de derecha democrática para que se sumen a los consensos.
– ¿Cómo lleva el cisma que se ha producido en la izquierda?
– Si la gente progresista de este país salió a votar en masa el 23 de julio, fue para evitar que hubiera un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha y para que avancemos en la agenda social. Estoy centrado en eso porque creo que es lo importante. También creo que debemos cambiar de marcha. Lo demás hay que desdramatizarlo.
«La izquierda está siendo incapaz de proponer horizontes de bienestar creíbles»
«España tiene unos índices de natalidad bajísimos y unos índices de pobreza infantil inaceptables»
– En su libro analiza el relato que las distintas corrientes hacen de la realidad. ¿Por qué la derecha es más eficaz vendiendo el suyo?
– Vivimos rodeados de guerras, genocidios y conflictos. Las condiciones materiales han cambiado y en ese panorama la izquierda está siendo incapaz de imaginar el futuro y proponer horizontes de bienestar creíbles. La derecha ha respondido articulando la política del agravio, del daño, de la búsqueda del culpable y del penúltimo contra el último. Esas pasiones políticas son eficaces a corto plazo, pero solo agravan los problemas a los que pretenden dar solución.