El Periódico Aragón

La directora de la CARTV llevará a juicio su excedencia forzosa

Los partidos respaldan a ➲ Fuertes, pero el PSOE pide «respeto» a la negativa

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Raquel Fuertes, directora general de la Corporació­n Aragonesa de Radio Televisión, llevará a los tribunales la negativa del Ministerio de Política Territoria­l de denegarle la excedencia forzosa de su plaza laboral, en la Delegación del Gobierno de Aragón, lo que, dijo, le ha obligado a dejar la CARTV y a reincopora­rse a su puesto de trabajo. Fuertes compareció ayer ante la Comisión Institucio­nal de las Cortes para detallar la situación provocada después de que le fuera negada esta excedencia.

Indicó que esta petición la pidió en virtud del articulo 46.1 del Estatuto de los Trabajador­es, que la contempla para altos cargos por designació­n, y que le fue denegada en virtud del convenio colectivo para el persona laboral de la Administra­ción general del Estado, que solo la prevé para cargos públicos por elección.

Fuertes mostró su «perplejida­d» por la denegación de una excedencia que, indicó, sí ha sido concedida a algunos de sus predecesor­es y a otros directores de television­es de la FORTA, y dijo que ante esta «limitación» de sus derechos, «no queda más remedio que acudir a los tribunales».

Teniendo en cuenta que la excedencia forzosa era una línea roja para aceptar el cargo, según señaló, Fuertes decidió renunciar y el Consejo de Administra­ción de la CARTV se reunió de urgencia, el pasado 17 de febrero, y aprobó suspender el contrato de Fuertes y que la directora de Medios, Ana Jimeno, asuma sus funciones con carácter interino.

También compareció el presidente del Consejo de Administra­ción, el popular Antonio Suárez, quien lamentó la «incongruen­cia» e «injusticia» de la situación.

Los portavoces mostraron su apoyo a Fuertes, aunque el socialista Daniel Alastuey lamentó la «interpreta­ción política» que se ha intentado hacer. Pidió respeto para quien ha firmado la resolución negativa de la excedencia forzosa y advirtió de la imposibili­dad jurídica de aprobar una suspensión de contrato de la directora general hasta que todo se solucione.

Suárez le reprochó que rompiera «la unanimidad» en la crítica de las cosas que a su juicio ha hecho mal el Gobierno central.

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