Efectos colaterales de la ley de Vivienda
La vivienda vuelve a estar en el ojo del huracán. Otra vez. Y ya son demasiados años sin encontrar la fórmula adecuada para poner solución a las trabas en el acceso a un bien básico. Los últimos datos del informe sobre el Mercado Inmobiliario de Aragón correspondientes al cuarto trimestre del año vienen a confirmar que alquilar un piso resulta hoy más caro que hacer frente a una cuota mensual de la hipoteca. Arrendar una vivienda cuesta hoy en la comunidad 8,7 euros por metro cuadrado, es decir, alrededor de 600 euros al mes, algo inalcanzable para muchos, más todavía si se tiene en cuenta que lo recomendable es no destinar más del 30% del salario a ese gasto.
Pero la pregunta que muchos se hacen es cuál ha sido la causa de este encarecimiento. La ley de la oferta y la demanda es implacable y es la que marca el coste del alquiler en Aragón. Los expertos consultados por este diario subrayan que precisamente la oferta ha menguado de forma importante en los últimos años, lo que ha empujado los precios al alza. Otra cuestión son las causas, aunque hay quien afirma que la nueva ley de Vivienda, que cumplirá próximamente un año en vigor, incluye algunas medidas que han provocado que haya menos pisos de alquiler en el mercado. Así lo defiende una buena parte del sector inmobiliario que detecta que existe miedo a los impagos entre los propietarios. Tecnocasa, por ejemplo, señala que el porcentaje de pisos que buscan inquilino en Zaragoza ha pasado del 21,7% de 2021 al 14,61% al cierre de este ejercicio. También hay quienes aseguran que la especulación y el aumento de la demanda están detrás de este repunte de precios.
Sea como fuere, la realidad es que el acceso a la vivienda es cada vez más difícil para los jóvenes, los colectivos vulnerables o aquellos que tienen dificultades para llegar a fin de mes. La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE el pasado lunes, recoge un incremento de un punto de la tasa de pobreza (el 20, 4% de las familias está en riesgo de exclusión) en 2023. Además, tres de cada diez aragoneses no pudieron afrontar gastos imprevistos el pasado año.
La inflación y los efectos del covid ha impulsado esta realidad. Tanto es así que en la comunidad, un total de 360 familias solicitaron la paralización del desahucio por encontrarse en situación de vulnerabilidad, un supuesto que recoge la nueva ley de Vivienda.
La cuestión de fondo, no obstante, es que el descenso de la oferta, la subida de los precios y el aumento de familias vulnerables que se enfrentan a posibles impagos, conducen a un callejón sin salida del que es difícil salir si no existe un pacto entre el Gobierno, las comunidades y el sector inmobiliario para incentivar la vivienda pública, proteger a las familias más necesitadas y dar cobertura a los propietarios. La cuadratura del círculo, a veces, es posible.