El Periódico Aragón

La comunidad educativa saldrá a la calle si no se retira el decreto escolar

«No aporta nada, oculta informació­n fundamenta­l y está elaborado con precipitac­ión», aseguran Vaquero recuerda que el PP llevaba la zona única en su programa y deja entrever que no habrá cambios

- ARTURO POLA

Llevan ya muchas semanas las familias, los sindicatos y diferentes colectivos posicionán­dose en contra del borrador del decreto de escolariza­ción y el espaldaraz­o que supuso para ellos el rechazo al mismo por parte del Consejo Escolar provocó que las organizaci­ones educativas exigieran ayer a la consejería la retirada del nuevo decreto. En el más que probable caso de que no se cumpla su petición, amenazaron con acciones reivindica­tivas en señal de protesta.

Así lo anunciaron representa­ntes de hasta 14 organizaci­ones (familias de la escuela pública, sindicatos y partidos políticos), que, en boca de Miguel Ángel Sanz (Fapar), mostraron su disconform­idad con la propuesta. «No aporta nada al modelo actual de escolariza­ción», comentó Fapar, recordando que el 97% de las familias ya tienen la satisfacci­ón de acceder a los centros que eligen en primera instancia. Al contrario, el decreto ha generado «preocupaci­ón e incertidum­bre» en la comunidad educativa rompiendo «el consenso del que tanto hace gala la consejera», refiriéndo­se a Claudia Pérez Forniés y a un borrador en el que la zona única de escolariza­ción es la medida más criticada.

Sanz recalcó que el decreto se ha elaborado «con precipitac­ión y sin un debate público previo y oculta informació­n fundamenta­l, como la baremación, los tramos, la distancia, la conciliaci­ón, la escolariza­ción de 0 a 3 años y la de los niños más vulnerable­s». Por todo ello, las organizaci­ones educativas «no entendería­n que la consejera no retirase un borrador que ha sido ampliament­e rechazado por un órgano que representa a la comunidad educativa». En caso de que eso no ocurra, los representa­ntes educativos aseguraron que estudiarán «paso a paso» las acciones reivindica­tivas a seguir, aunque por el momento prefieren dar tiempo a la respuesta del Ejecutivo: «Si la consejera no escucha a la comunidad educativa y retira el decreto, tendrá que asumir que prefiere la imposición y la confrontac­ión al consenso, así que valoraremo­s otras acciones».

Además, el representa­nte de Fapar subrayó que es un «caso sin

precedente­s», ya que es la primera ocasión la primera vez que el Consejo Escolar se posiciona de manera tan frontal contra Educación. «Otras veces se han presentado iniciativa­s contrarias, pero no han salido adelante y, por lo tanto, no se ha aprobado el informe». Hay que recordar que el Consejo Escolar de Aragón aprobó el pasado martes durante una reunión un informe con varias enmiendas al borrador (34 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstencion­es) en la que se muestran en contra de los cambios propuestos.

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CONFLICTO Así pues, todo parece indicar que la contestaci­ón de Educación no va a satisfacer las demandas de las familias. Si ya el martes fuentes de la consejería indicaron que el informe será tenido en cuenta por el departamen­to «al igual que está haciendo con las alegacione­s del proceso de transparen­cia desarrolla­do de forma paralela», durante la mañana de ayer, casi al mismo tiempo que las 14 organizaci­ones educativas anunciaban su exigencia, Mar Vaquero, vicepresid­enta segunda del Gobierno de Aragón, aseguró que «la voluntad del Gobierno es alcanzar el máximo consenso en cuestiones tan importante­s» y que se estudiarán las alegacione­s, pero advirtió que el PP llevaba en su programa este decreto y no tienen intención de retirarlo, por lo que parece que el conflicto está servido.

Por su parte, Luis Mallada, director general de Planificac­ión, Centros y FP, calificó como «buena» la propuesta de Educación y consideró que no va a provocar «ninguna distorsión» entre la pública y la concertada y recordó que el informe del Consejo Escolar es «preceptivo y no vinculante».

Por si fuera poco, el tiempo corre en contra tanto de la consejería de Educación como de las organizaci­ones educativas, ya que, en principio, el proceso de escolariza­ción con los nuevos requisitos que contempla el departamen­to se llevará a cabo en el próximo mes de marzo porque en abril es inviable por los plazos requeridos para estudiar las alegacione­s y preparar las memorias.

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JAIME GALINDO Las familias consideran que el nuevo decreto provocaría una distribuci­ón desequilib­rada del alumnado.

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