El Gobierno eliminará el catalán y el aragonés de la ley este año
La reforma del IMAR ➲ y el proyecto de ley de Vivienda, en las previsiones
La hoja de ruta del Gobierno de Aragón para este ejercicio en materia legislativa queda marcada por el Plan Anual Normativo, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo del PP y Vox pone entre sus prioridades modificar la ley de Patrimonio Cultural Aragonés, con la anunciada eliminación del aragonés y el catalán como lenguas propias, la reforma de la ley que regula el Impuesto Medioambiental
de las Aguas Residuales (antiguo IMAR), la modificación de la ley de agricultura social y familiar o la puesta en marcha de los proyectos de la ley de Vivienda, de Despoblación y la de atracción, apoyo y arraigo empresarial. Se quedará en el tintero la reforma de la ley trans de Aragón, uno de los compromisos del pacto PP-Vox. En total, el plan normativo para 2024 recoge 24 nuevas leyes o reformas, 47 decretos y 40 órdenes.
Por departamentos, la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del vicepresidente Alejandro Nolasco iniciará el proyecto de Ley Integral contra la Despoblación.
En el Departamento de Economía, Empleo e Industria que lidera la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, se recogen cuatro proyectos de ley para la promoción de iniciativas económicas; la reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón; la modificación de la ley del Instituto Aragonés de Fomento; y el de atracción, apoyo y arraigo empresarial.
En el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura de la consejera Tomasa Hernández, está previsto modificar la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, en la que se incluye el reconocimiento a las lenguas propias de Aragón. El presi
dente del Gobierno aseguró hace unas semanas que en Aragón «no se habla catalán» y, en esta línea, la previsión del Ejecutivo es eliminar la denominación del catalán y el aragonés como lenguas propias de la comunidad. Además, se modificará la ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal.
En Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro prevé modificar cinco textos en materia de tributos cedidos y sobre impuestos medioambientales de la comunidad; y presentar el proyecto de Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón, junto a medidas fiscales en materia de familia, empresa familiar y despoblación.
En Fomento, la prioridad de Octavio López pasa por el proyecto de ley de Vivienda, y los de instalaciones aeronáuticas de la comunidad y de transporte por cable. En Agricultura, el consejero Ángel Samper prioriza la reforma de la ley de
la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón y la del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
En Medio Ambiente y Turismo, se modificará la ley de Montes y el Impuesto Medioambiental de las Aguas Residuales (IMAR), el impuesto que sustituyó al polémico ICA. En Educación, la consejera Claudia Pérez Forniés impulsará el proyecto de ley de ordenación del sistema universitario de Aragón y en Sanidad se impulsará el proyecto de ley de derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud de Aragón.
El Departamento de Bienestar Social de Carmen Susín impulsará tres proyectos de ley, el de Derechos de las Personas Mayores; la modificación del Consejo Aragonés de la Tercera Edad; y el de acción concertada para la prestación de servicios.