Una macroempresa pública
El ministro para la Transición Digital, José Luis Escrivá, anunció esta semana en el marco del Mobile World Congress la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que agruparía las participaciones públicas en este sector que ahora están integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Escrivá estimó que los activos de esta compañía podrían llegar a sumar casi 20.000 millones de euros, casi los mismos que tiene, por ejemplo, Criteria, participada por la Fundación Bancaria La Caixa. Y casi el doble de lo que valen los activos actuales de la SEPI. La mayoría de los periodistas presentes interpretaron que este iba a ser el instrumento para vehicular la anunciada entrada del Estado en Telefónica para contrarrestar el poder del fondo soberano saudí. Posteriormente, el Gobierno ha desmentido esa posibilidad que, en todo caso, no se podría ejecutar si no se aprueban unos nuevos presupuestos en el Congreso, cosa poco probable en estos momentos. Todo ello indica que el anuncio de Escrivá fue algo precipitado porque la cuantía parece a todas luces desproporcionada y el instrumento para levantar esos fondos, bastante improbable.
La animadversión a las empresas públicas es tan primaria como la animadversión a la gestión privada de servicios públicos o a la colaboración público-privada. Todo puede tener sentido siempre y cuando se haga bien, responda a una estrategia y se ejecute de manera transparente. De entrada, el tamaño insinuado por Escrivá parece a todas luces desproporcionado. Se convertiría en el principal grupo español del sector y podría llegar a tener en algunas áreas una clara posición dominante, contradictoria con el espíritu de la UE.
En segundo lugar, el concepto de empresas tecnológicas es, en pleno siglo XXI, demasiado indeterminado. No son lo mismo, por ejemplo, Indra o Telefónica, con activos vinculados a la defensa nacional, que una empresa de servicios tecnológicos o de medios de comunicación. Si la entrada en Telefónica es difícil de entender, la entrada en otros sectores sensibles al control político, como el de los medios de comunicación, sería inconcebible en la Europa actual. El Gobierno debería en todo caso presentar un plan con los objetivos, los límites y la estrategia de su futura participación en el sector tecnológico y debería contar con la aprobación del Congreso. O al menos con su validación. Lo que no puede ser es que se esgrima el argumento del carácter estratégico de la tecnología para practicar cualquier forma de amiguismo o compensar las pérdidas de quienes no supieron valorar bien sus inversiones. Igualmente, en caso de prosperar la iniciativa, deberían fijarse con claridad y transparencia las normas de gobernanza de esas participaciones, que no podría estar en manos solo del Gobierno, especialmente de un Gobierno en minoría.
Todo puede tener sentido, pero no vale todo. Los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el Parlamento deberían estar atentos y no caer en la tentación de confundir lo público con lo gubernamental. Y la oposición debería ser igualmente exigente y no caer en la tentación de mirar hacia otro lado para amparar unas prácticas similares cuando sea gobierno. Estamos en la UE y eso obliga a seguir el acervo comunitario, y la preservación de la libre competencia es una línea roja que no se puede traspasar. Y menos para solventar los problemas de algunos amigos.