El sector fotovoltaico presiona para aliviar el «impuesto al sol» de Aragón
Los productores ➲ solares piden cambios para «racionalizar» el impacto en su negocio Abogan por exonerar ➲ al autoconsumo con excedentes para no «penalizar» a la industria
Los productores fotovoltaicos se están movilizando para tratar de frenar el «golpe» que, dicen, propinará a su negocio el nuevo impuesto verde que va a crear el Gobierno de Aragón para gravar este tipo de instalaciones renovables con el objetivo de compensar al territorio del impacto ambiental, paisajístico y social que tienen. Ya dan por imposible que se pueda dar marcha atrás al tributo, que también afecta a las centrales eólicas y líneas eléctricas, pero tratan al menos de que el anteproyecto legislativo se modifique en el proceso de tramitación parlamentaria para «racionalizar» y «minimizar» el impacto que provocaría en esta actividad.
Aragón será la primera comunidad autónoma en fijar un canon a la fotovoltaico, un paso que también se ha dado en fechas recientes el País Vasco. En el caso de la eólica, no es una novedad. Hay tres regiones que lo aplican como son Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
La Unión Española Fotovoltaica (Unef), la principal asociación del sector en el país, está manteniendo
contactos con los distintos grupo parlamentarios de las Cortes de Aragón para que tengan en cuenta sus propuestas en la presentación de enmiendas al anteproyecto de los nuevos impuestos ambientales aprobado por el Ejecutivo PP-Vox. Si sus demandas no son tenidas en cuentas, desde esta patronal advierten del riesgo de que esta figura fiscal reste competitividad a la comunidad.
«Es una vía equivocada que espanta inversiones incluso de la industria», afirma tajante José Donoso, presidente de esta patronal,
que niega que las instalaciones fotovoltaicas afecten a la biodiversidad. «El impacto, si acaso, es positivo a nivel ambiental y social. Nuestra energía reduce las emisiones contaminantes y las plantas –solares– se convierten en sí misma en reservas integrales de biodiversidad», defiende.
MÁS QUE EL ALQUILER Según estimaciones de Unef, la factura del que definen como «impuesto al sol» de Aragón será más elevada que el coste del alquiler de los terrenos donde se ubican las plantas,
que ronda entre los 1.500 y 2.000 euros al año por hectárea, es decir, entre 150.000 y 200.000 euros para una instalación tipo de 50 megavatios. «Habría que aprovechar esa fuente de energía para tenerla más barata, no para que sea más cara», lamenta Donoso, que denuncia asimismo un trato discriminatorio en relación a la eólica, ya que la carga fiscal que se aplica es entre un 20% y un 30% mayor en relación a la energía generada.
Entre los cambios que plantean desde la patronal estaría que la recaudación del impuesto tenga un carácter finalista y se destine íntegramente a los municipios y comarcas donde están las plantas renovables, algo que en «la definición» del tributo «no queda claro», aseguran.
Unef también pide que se exonere del impuesto a todos tipos de instalaciones. Por un lado, a las más antiguas del llamado sistema Recore, por contar con un sistema de retribución «que ya se ha sufrido descuentos en el pasado». Y por otro, las de autoconsumo con excedentes –las que vierte la energía sobrante a la red– a fin de que la carga fiscal no «penaliza también a la industria» al ser una modalidad utilizada en este sector. A juicio de Donoso, esto supondría una «nueva barrera» para esta modalidad de producción, lo que puede implicar que «se derroche energía» al desincentivarse este modelo.
Desde Unef consideran que se creará una «doble imposición» para aquellas plantas que ya aplican medidas compensatorios marcadas por las declaraciones de impacto ambiental que recibieron para su puesta en marcha. En estos casos,
Unef cree que «es una vía equivoca que espanta inversiones incluso de la industria»
abogan por desgravar el coste de estas acciones de la base del tributo. Otro de los puntos que recomiendan ajustar es el cálculo del impuesto, para que se hagan en función de los metros cuadrados de panel solar en lugar de hacerlo en función de las hectáreas que abarca el vallado de las instalaciones. Consideran que este último método es «injusto» al hacer pagar por «cosas improductivas», que dentro del perímetro de las plantas hay en ocasiones islas o corredores sin places que se dejan en favor de la fauna.