Los bebés y los niños también protagonizan la crónica negra
Varios padres y madres han matado a sus hijos en la comunidad aragonesa a lo largo de los últimos años Entre las víctimas hay % recién nacidos, de pocos meses de edad y una menor de ocho años
No es ajena la opinión pública a la publicación de los pormenores de los homicidios en las páginas de sucesos y tribunales de la prensa diaria. Entre parricidios y feminicidios también se cuela una muerte violenta que se cobra la vida de quienes no se valen por sí mismos y, por naturaleza, carecen de una mínima posibilidad de defensa: el infanticidio. Varios neonatos, bebés y niños han protagonizado tristes capítulos de la crónica negra aragonesa con causas ya cerradas en la vía judicial como es el caso de Ikram –fue condenada a 18 años de cárcel por asfixiar diariamente a su bebé de tres meses al considerar que estaba endemoniado– o el de Nossa Churchill –degolló a su hija de tres años en el barrio de Delicias y la Audiencia Provincial de Zaragoza le impuso otros 18 años de prisión–. A esta lista se sumó el pasado viernes Tatiana Diguele Nuñez (España, 1993) por, supuestamente, asfixiar a su hijo de ocho meses para que dejara de llorar y luego abandonarlo en un banco.
Otros ya precedieron a esta joven de 31 años al firmar uno de los infanticidios más burdos en el interior de un piso ubicado en el número 2 de la calle Sánchez Arbós de Zaragoza. Cristian Lastanao Valenilla y Vanesa Muñoz Pujol torturaron a diario a su hija de dos años –Laia– hasta darle muerte en enero de 2022 cuando le propinaron un golpe mortal que le seccionó el duodeno. Hacía meses que ambos habían convertido la vida de la pequeña en un infierno porque le duchaban con agua helada, le daban de comer picante y le colgaban de un clavo –«la cara de pánico de la niña era terrible, es una de las caras más terribles que hemos podido ver», refirieron desde el Grupo de Homicidios– al mismo tiempo que le fotografiaban para jactarse de ella.
/ PERMANENTE REVISABLE Pero todo ello no fue suficiente para que ninguno de los dos progenitores asumiera su responsabilidad y, a día de hoy, todavía consideran que la culpa fue del cónyuge. Enrocados en su inocencia pasarán el resto de sus vidas entre rejas porque fueron castigados con la máxima pena privativa de libertad que contempla el Código Penal español: la prisión permanente revisable. Y quien también firmó un crimen de similar naturaleza, pero con un lustro de diferencia en la localidad oscense de Sabiñánigo, fue Iván Pedro Pena. El criminal serrablés, también condenado a la prisión permanente revisable, eligió como víctima a su sobrina de ocho años –Naiara–, a quien torturó para que hiciera los deberes con la complicidad de su hermano –Carlos Pardos– y su madre –Nieves Pena–.
«Le obligaron a permanecer de rodillas sobre ortigas, grava, granos de arroz o sal gruesa», recogió la sentencia. «La humillaron colocándole una diadema con orejas de burro sobre la cabeza y le colocaron pañales a la vez que le grababan con móviles y lo transmitían a otros miembros de la familia», añadió el fallo. La pequeña murió el 6 de julio de 2017 cuando Pardo Pena le ató de pies y manos para golpearle la cabeza con los nudillos, propinarle descargas eléctricas con una raqueta matamoscas y patearle con unas botas deportivas.
Los parricidas del Picarral y el tío de una niña en Sabiñánigo, con permanente revisable
Una vecina de San Juan de Mozarrifar asfixió a su hijo recién nacido con una gasa
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NIÑO ZARANDEADO Otro nombre vinculado a la crónica negra del infanticidio es el de Rachid Belarabi. Fue condenado a cinco años y cinco meses de cárcel por matar a su bebé de un mes como consecuencia del síndrome del niño zarandeado y maltratar al hermano pequeño. La autopsia, precisamente, confirmó que la menor falleció por una hemorragia cerebral fruto del movimiento de la masa encefálica por el citado zarandeo. Fue el mismo motivo que llevó a los forenses a acreditar que Belarabi había hecho lo propio con el segundo de sus hijos, quien ingresó en el Hospital Infantil con ocho fracturas en las costillas, seis en las piernas y otra en un brazo.
Varios años antes, en abril de 2010, Tamara Bernad dio a luz en el baño de su casa ubicada en el barrio rural de San Juan de Mozarrifar. La misma noche en que lo alumbró decidió acabar con su vida al asfixiarle obturando sus vías respiratorias con «una gasa doblada» en la tráquea e incluso «siguió ocultando el parto» cuando fue trasladada al hospital Universitario Miguel Servet al sufrir una hemorragia vaginal. Y, mientras los médicos detectaron la placenta en su vientre, el padre de la joven descubrió el cadáver del bebé envuelto en un albornoz y oculto en el alféizar de la ventana del baño. Fue condenada a nueve años de cárcel.
A todos ellos se ha sumado a lo largo de los últimos días Tatiana Diguele Nuñez. Aunque todavía es pronto para dilucidar el resultado final del proceso judicial que acaba de comenzar, el Grupo de Homicidios la puso a disposición de la Justicia en calidad de autora de un delito de asesinato y así lo consideraron también desde el ministerio fiscal. Y, en esta ocasión, ha sido un bebé de ocho meses quien ha engrosado la fatal lista de infanticidios que se han perpetrado en la comunidad aragonesa.