Pérez Forniés insiste en lograr «un consenso» con el decreto escolar
La consejera reitera que en el Consejo «no se vota», solo se presentan enmiendas Las organizaciones en contra de la zona única inician una recogida de firmas
La problemática por el nuevo decreto de escolarización en Aragón y, sobre todo, por la implantación de la zona única, lleva camino de enquistarse porque las posiciones siguen enfrentadas. A la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, se le preguntó ayer en las Cortes (por parte de Isabel Lasobras, de CHA) si seguía apostando por el consenso tal y como había hablado en muchas ocasiones. La consejera le contestó que quiere llegar a él y animó a buscar en el diccionario su significado, como «contrario a la imposición, a los bloques, a la ruptura y a los muros».
Mientras tanto, varias organizaciones que forman parte del Consejo Escolar de Aragón, máximo órgano de participación, han iniciado una recogida de firmas online en change.org que mandarán después a la consejera exigiéndole la retirada del decreto. A las 21.00 horas había 410 adhesiones.
El Consejo Escolar no dio el visto bueno al informe, pero tal y como recordó Pérez Forniés, «en el consejo no se vota, los consejeros presentan enmiendas al texto y se vota si se incluyen o no en el dictamen».
El borrador ha recibido en torno a 680 alegaciones de 68 colectivos diferentes, aseguró la consejera. Todas se están analizando, también las del Consejo Escolar, que fueron 50 por la permanente y quedaron 38 y que también se están estudiando porque «el departamento debe ser conocedor de todos los elementos trascendentales».
Lasobras le recordó que esa zona de escolarización única, según una gran mayoría de la comunidad educativa, impide una planificación equilibrada y contribuye al desarraigo social de los barrios. También rememoró las ocasiones que la consejera ha hablado de consenso, aunque le preguntó si «ese consenso solo es con el programa del PP». Por eso, le insistió en que escuche al Consejo Escolar, a los sindicatos y a las familias y elimine el decreto.
La consejera le respondió que alguna alegación recibidas era no relacionada con la escolarización sino particulares; y puso como ejemplo que se pedía quitar las jornadas de puertas abiertas, «algo con lo que no puedo estar de acuerdo».