Una auditoría para controlar el gasto público y el trabajo

El control del gasto en cargos públicos y la mejora del funcionamiento interno de las administraciones es un mantra que todos los partidos rescatan en campaña y con el que azuzan desde la oposición. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, mantuvo el reto en su debate de investidura y anunció, en el ya lejano mes de agosto, que impulsaría desde el Pignatelli una auditoría para conocer cómo se habían hecho las cosas durante el mandato de ocho años de

Javier Lambán como presidente.

En ese debate que le llevó hasta el cargo que hoy ostenta, Azcón señaló que «el claro objetivo» de ese proceso de auditoría era «simplificar al máximo el funcionamiento ordinario del Gobierno y de los organismos que de él dependen». La otra intención era también, según reconoció el presidente en aquella intervención, que sirva para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Es «examen» al anterior Ejecutivo servirá para conocer mejor cómo se utilizaban los recursos económicos, qué se puede hacer para mejorar esa Administración y, por supuesto, para juzgar el trabajo hecho por el cuatripartito. Bien es cierto que, desde entonces, ni Azcón ni otros miembros del actual Gobierno han vuelto a hacer excesiva referencia a esa auditoría. En ese mismo discurso, Azcón anunció la eliminación de los comisionados de Despoblación, Agenda 2030 e Infancia y otra de las investigaciones que ya marcan el día a día de la agenda política: la comisión de investigación a las renovables en la que ya están inmersos los grupos políticos en las Cortes.

El presidente anunció esta medida en su primer discurso del debate de investidura