Hacienda liga el inicio de la red de Koldo al rescate de Air Europa
Aldama coincidió con el asesor cuando Transportes negociaba con la aerolínea Un informe señala a una sociedad del empresario en la compra de mascarillas
Un informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, vincula el inicio de la trama Koldo con el rescate de Air Europa por parte del Gobierno, según especifica el documento entregado el 2 de febrero al juez del caso, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso este diario, que apunta que la operación de las mascarillas se fraguó durante las negociaciones llevadas a cabo en 2020 en el Ministerio de Transportes.
Quién logró captar a la Administración pública fue el dueño del Zamora CF, Víctor de Aldama, que en plena pandemia discutía con el ministerio de José Luis Ábalos el rescate de la aerolínea [que supuso una inversión en préstamos participativos y ordinario del Estado superior a 475 millones de euros]: «Su cercanía con determinados funcionarios [Koldo García Izaguirre] y sobre todo, la coincidencia temporal (marzo de 2020) propició el ofrecimiento de las mascarillas, de su transporte y de su precio y la aceptación por el ministerio. A ello hay que unir el hecho de que el procedimiento administrativo de contratación de emergencia facilitó la rapidez y la falta de concurrencia», destaca el inspector de Hacienda.
Este empresario incluyó en las cuentas de 2020 de su empresa MTM 180 unos ingresos de 140.000 euros con origen en una asesoría al Grupo Globalia, la dueña de Air Europa.
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SIN CONCURSO El funcionario de la ONIF, que actúa en auxilio del juez Moreno, considera por ello que la decisión del Gobierno de permitir la contratación pública «sin concurso, sin concurrencia, sin publicidad y en caso de emergencia», supuso que «la elección y designación del proveedor de este material se realizase a plena voluntad del comprador público».
Además, la «relación política» entre los gobernantes socialistas de las diferentes Administraciones que compraron las mascarillas «y el éxito de los primeros contratos supuso que otras entidades públicas», también gobernadas por el PSOE, «contrataran con Soluciones de Gestión SL», la empresa de Juan Carlos Cueto, uno de los cabecillas de la red corrupta, según la opinión del inspector.
Estas circunstancias permitieron que la sociedad adjudicataria de los contratos públicos recibiera el encargo pese a que no había demostrado «una experiencia real reconocida en este sector [...] de las mascarillas y mucho menos en los últimos años», prosigue el funcionario de la Agencia Tributaria, que destaca: «Esta Inspección entiende que Soluciones de Gestión SL es una adjudicataria formal y no a quien realmente se le asignó
la compra de mascarillas. De ser así, posiblemente, con el perfil analizado, no hubiera resultado la más idónea en un procedimiento público de contratación si se hubiera valorado la experiencia».
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16 MILLONES DE EUROS Y sin experiencia en el sector dieron un pelotazo de más de 16 millones de euros con los contratos públicos otorgados por el Ministerio de Transportes (Puertos del Estado, 8.000.000 unidades y Adif, 5.000.000 unidades); el de Interior (Secretaría de Estado de Seguridad, 1.288.650); y por los gobiernos de Baleares (Servicio de Salud, 1.480.600 unidades) y Canarias (4.747.500 unidades y una compensación posterior de 555.000 unidades más) para la compra de mascarillas.
Para conectar con estas Administraciones públicas gobernadas por los socialistas la trama habría contado con la ayuda, como si de un conseguidor se tratara, de García Izaguirre, quien protagonizó una carrera política meteórica, pues pasó de ser escolta del ministro Ábalos a ser nombrado consejero de Renfe Mercancías y a formar parte del consejo rector de Puertos del Estado.
Hacienda analizó los contratos públicos y detectó «importantes lagunas [...] tal vez propias de la situación de emergencia, en los que los adjudicatarios del contrato parecen diferentes de los que se reconocen como tales», advierte la Inspección, que completa que el primer cliente de la trama fue el Ministerio de Transportes, siendo el órgano de contratación Puertos del Estado y pocos días después Adif. A continuación fue el turno del Ministerio de Interior y de Baleares y Canarias.
La Inspección de Hacienda se dirigió a todos los entes públicos requeridos, que contestaron aportando la documentación contractual y administrativa. «Las respuestas ofrecidas a la pregunta general de por qué se contrató a la sociedad Soluciones de Gestión SL fue, en todo caso, peculiar», advierte la ONIF, que recuerda que los organismos del Ministerio de Transportes, a la pregunta de por qué eligieron como proveedor de mascarillas a Soluciones de Gestión, respondieron que el ministerio «así se lo había indicado».
La inspección afirma que los adjudicatarios parecen distintos de los que se reconocen como tales