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La presunta trama de cobro de comisiones por la venta de mascarillas pone en el foco al exasesor de Ábalos y algunos empresarios El exministro y Armengol también salen citados, pero no son investigados por el juez =
Una semana después de la explosión del caso Koldo, los nombres a los que salpica la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas incluyen al exministro José Luis Ábalos y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Sin embargo, ninguno está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que centra sus pesquisas en empresarios que ofrecieron al Ministerio de Transportes un servicio que terminó suponiendo un coste de más de 53 millones de euros para las arcas públicas. Estos son los protagonistas:
José Luis Ábalos. En su papel como ministro de Transportes entre 2018 y 2021, contó con Koldo García Izaguirre primero como chófer y escolta, y le ascendió a asesor, logrando un puesto en el consejo rector de Puertos del Estado, el organismo público que sirvió de puerta de acceso a las operaciones que investiga la Audiencia Nacional.
Además, el juez Moreno le sitúa como «intermediario» en los intentos de la trama para frenar una reclamación de 2,6 millones por parte del Gobierno de Baleares por una partida de mascarillas deficitarias. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le fotografió en la marisquería La Chalana de Madrid junto con su exescolta. Aferrado a su escaño en el Congreso, Ábalos se ha pasado al Grupo Mixto para defender desde allí su inocencia y conservar su aforamiento ante el Tribunal Supremo.
Koldo García Izaguirre. Mano derecha de Ábalos durante la última década y exconcejal socialista en Huarte (Navarra), empezó siendo portero de discoteca, ascendió a chófer y escolta y, finalmente, su amistad con el ex secretario de Organización del PSOE le valió un cargo en Renfe Mercancías y el de vocal del consejo rector del Organismo Público de Puertos del Estado.
Ejerció como contacto para la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Interior y los gobiernos balear y canario entre marzo y mayo de 2020, a lo que siguió un aumento patrimonial en dos años de 1,5 millones de euros.
Con los fondos obtenidos habría comprado propiedades en Benidorm y Polop en los años posteriores a la adjudicación de esos contratos. No declaró ante el juez en su detención y tiene prohibido salir del país.
Juan Carlos Cueto. Aunque no aparece en los papeles, la investigación le considera el verdadero propietario de Soluciones de Ges
tión y Apoyo a Empresas, la entidad que consiguió el pelotazo de las mascarillas. Se estima que la operación le generó un beneficio de 9,6 millones de euros. Pese a encontrarse fuera de España cuando estalló la operación, regresó al país y ha sido el único imputado que ha contestado a preguntas en el juzgado, si bien únicamente a las de su abogado, para defender la legalidad de los contratos y negar el pago de comisiones.
Víctor de Aldama. Presidente del Zamora CF y vinculado a las sociedades del Grupo Cueto, sería el responsable de captar a Koldo a través de su hermano Rubén, que también habría sido escolta de Ábalos. Los contratos irregulares le habrían generado un beneficio estimado de 5,5 millones de euros, parte de los cuales empleó en la compra de coches de lujo.
José Luis Rodríguez. Subteniente de la Guardia Civil, es una figura «clave» y presunto responsable de haber puesto en contacto a representantes del Ministerio de Transportes con empresarios de la trama. Además de servir en la Benemérita, figuró como empleado de una empresa de pizarras en Valdeorras (Orense), en la que acabaron parte de los beneficios obtenidos en Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, de la que recibió cinco transferencias en 2021.
Francina Armengol. La presidenta del Congreso y expresidenta del Govern balear se ha visto salpicada por el caso Koldo a raíz de que su Administración abonase a la mercantil investigada 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2. En junio de 2020, un mes después de recibirlas, ya sabían que eran defectuosas, pero calificaron el pedido como «satisfactorio» y no se reclamó por las mismas la devolución de 2,6 millones hasta este mismo año.
Joseba García Izaguirre.
El juez Serrano dice que Koldo «emplea a su entorno familiar más próximo como testaferros». En esa definición entra Joseba, su hermano, uno de los allegados de Koldo a los que Ábalos consiguió un puesto en la Administración. Ha ejercido en Ineco y Emfesa, empresas de titularidad pública dependientes del ministerio, y Óscar Puente, actual propietario de esa cartera, ha decidido mantenerle en su puesto.
Según la Fiscalía Anticorrupción habría ayudado a su hermano a ocultar las mordidas comprando propiedades e ingresando en sus cuentas más de 260.000 euros.
Álvaro Sánchez Manzanares.
Mencionado como Alvarito por Koldo, aún es secretario general de Puertos del Estado, y la investigación ha sacado a la luz que ha seguido en contacto con Koldo tras la llegada al Ministerio de Óscar Puente. Desde su puesto en Puertos participó en la adjudicación del contrato más jugoso de la trama, por más de 20 millones de euros y Koldo habría acudido a él en relación con la reclamación balear.
Patricia Úriz Iriarte. Esposa de Koldo, militante del PSOE navarro y otro de los familiares a los que Ábalos consiguió un puesto en el Ministerio de Transportes, donde ejerció como ayudante de secretaria. Fue detenida por la Guardia Civil, pues está involucrada en la compra de los inmuebles en Benidorm con los presuntos ingresos irregulares fruto de la trama.
Jacobo Pombo. Presidente de Global Youth Leadership Forum (GYLF) y exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, habría actuado como «intermediario» en las «gestiones» de Koldo García para «solucionar» la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Gobierno de Baleares a la empresa de la trama.
Entre los miembros de la red bajo sospecha también figuran allegados personales de Koldo