«No estoy bien de la cabeza, le tapé la boca y le metí la mano en las bragas»
La tónica habitual en los juicios por delitos contra la libertad sexual es escuchar declaraciones cruzadas entre el acusado y la víctima al desmentir y denunciar, respectivamente, episodios de abusos y agresiones sexuales. Pero, ayer, Brahian Alejandro L. L. (Colombia, 2002) no tuvo ningún tipo de reparo en confesar ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, el 25 de abril de 2023, siguió a una joven de 13 años hasta su casa ubicada en el zaragozano barrio del Gancho para arrinconarla contra el rellano del portal y manosear sus genitales, aunque la víctima concretó que sí le llegó a introducir los dedos. «Siento que no estoy bien de la cabeza. Le tapé la boca y le dije: ‘cállate’. Le metí las manos en las bragas, empezó a gritar y, como me asusté, me fui», reconoció el acusado.
Este colombiano de 21 años, de todos modos, trató de excusar su acción al aludir a la lectura de varios escritos en las redes sociales. «He leído en Internet que hay una fuerza que te da la juventud y te hace tener suerte.
La Fiscalía pide 12 años de cárcel al entender que existió acceso carnal
Cuando tienes contacto con alguien joven, te hace más inteligente», indicó a los magistrados, ante quienes negó haber agredido a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando se dio a la fuga. Al arrestarle, comprobaron que ya contabilizaba varios antecedentes por episodios de similar naturaleza.
Por todo ello, el ministerio fiscal solicita una pena de doce años de cárcel por un delito de agresión sexual con penetración a una menor de 16 años y la acusación particular a cargo de Marco Antonio Navarro y Carlos Álvarez de Eulate, en representación del sindicato Jupol, pide otros dos años de prisión por el delito de atentado. La defensa ejercida por Alejandro Sarasa, por su parte, interesó una condena de un año de cárcel al considerar que no existió acceso carnal, que su representado desconocía la edad de la chica y que concurren las atenuantes de enajenación mental o drogadicción y la de reparación de daño. Alternativamente, el penalista presentó al tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, otras tres condenas que oscilan entre los dos y los cinco años de prisión.