Puertos del Estado justificó el contrato «por lo ordenado por el ministerio»
De Aldama ofreció 8 ➲ millones de mascarillas a «Alvarito», ex secretario general de Puertos Lo hizo el mismo día ➲ que Ábalos firmó una orden de compra por la misma cantidad
Puertos del Estado justificó el contrato con la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión SL para comprar ocho millones de mascarillas por un valor de 20 millones de euros para «dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por el ministro», en alusión al entonces titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El exsecretario de Organización del PSOE había dictado el 20 de marzo una orden para que este ente público dependiente de su ministerio tramitara de forma urgente la compra de «un máximo de ocho millones de mascarillas de protección FFP2 con objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte», especifica el documento entregado por el ente público al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien en un auto ya apuntaba que la selección de esta sociedad, que habría tenido lugar «antes de las publicaciones oficiales, habría partido del Ministerio».
El escrito de Puertos del Estado, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fue firmado el 27 de marzo de 2020 por la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel, y la responsable del Departamento Jurídico, Belén Caballero. En él las funcionarias explican que en virtud del encargo ministerial «Puertos del Estado solicita oferta a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL que oferta, con esa misma fecha, 20 de marzo, la realización del suministro».
Pero la investigación desarrollada por el inspector de la Agencia Tributaria Raúl Burillo pone de manifiesto que ese mismo 20 de marzo, en el que Ábalos dictaba la orden para la compra de ocho millones de mascarillas, el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, negociaba con el «comisionista facilitador» de la red corrupta y dueño del Zamora CF, Víctor de Aldama, la adquisición del mismo número de tapabocas que había ofrecido la trama, que según la Fiscalía Anticorrupción contó con la colaboración del escolta de Ábalos Koldo García Izaguirre .
«Tras entregar Víctor de Aldama una oferta de forma presencial
Las conclusiones de Hacienda van en el mismo sentido que Anticorrupción
a Puertos del Estado, De Aldama facilitó el email de contacto del encargado de dicha empresa», completa el funcionario de Hacienda en su informe al juez Moreno, en el que el funcionario de la Agencia Tributaria transcribe el correo electrónico que una hora después, también del 20 de marzo de 2020, envió el directivo de la empresa Soluciones de Gestión SL, Íñigo Rotaeche, al correo electrónico de Sánchez Manzanares: «Estimado Sr. Sánchez. Adjunto le anexo nuestra oferta para 8 millones de mascarillas FFP2, según los términos y condiciones eoonómicas y logísticas indicadas en la misma. La entrega de la totalidad de la mercancía será en Madrid en donde ustedes indiquen», escribe Rotaeche, que fue detenido por la UCO de la Guardia Civil».
«La fecha 20 de marzo de 2020 es anterior a la publicación en BOE de la adjudicación», advierte el inspector de Hacienda, quien relata que la «explicación ofrecida a esta inspección por parte de los organismos del Ministerio de Transporte en cuanto a por qué habían elegido como proveedor de mascarillas a Soluciones de Gestión SL fue que Ministerio así se lo había indicado».
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PLAZO INEXISTENTE Las conclusiones de Hacienda van en el mismo sentido que la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción para iniciar la causa, cuyo responsable, Luis Pastor, escribe de forma literal: «El plazo de tiempo entre la publicación de las dos órdenes del Ministerio de Transportes y las adjudicaciones por Puertos del Estado y ADIF fue prácticamente inexistente. La publicación de la orden para la regulación de la adquisición y distribución del material sanitario se producía el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión SL de un contrato para cubrir esa necesidad».
Esta coincidencia temporal, prosigue la querella del fiscal, «parece evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de Gestión y la Administración Pública, que también se ha reflejado en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección individual».
En concreto, el fiscal Pastor se refiere a que el 16 de marzo de 2020 la mencionada Soluciones de Gestión SL, cuyo propietario real era Juan Carlos Cueto, firmó con otras dos empresas del Grupo Cueto «un acuerdo de prestación de servicios donde se hacía alusión a una adjudicación pública, que no se produciría hasta el día 21 de marzo de 2020, cuando el Ministerio publicará la Orden» de Ábalos.