La DGA renuncia al solar en disputa de La Romareda
El Gobierno de Lambán reclamó los suelos, incluidos en la parcela para el estadio
Corren tiempos nuevos en la relación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Lejos quedan aquellas semanas previas a las elecciones en las que el proyecto de La Romareda se usó como arma arrojadiza entre el PSOE y el PP. El consistorio de la capital aragonesa informó ayer de que la DGA, tras el examen de sus propios servicios jurídicos, renuncia a una parcela incluida en los suelos para el nuevo estadio y que Javier Lambán, cuando estaba al frente del Ejecutivo aragonés, reclamó al considerar que eran de propiedad autonómica. Según consta en el acuerdo del Gobierno de la ciudad, ayer se acordó aceptar la «transmisión gratuita de la titularidad, a favor del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante una mutación demanial por cambio de sujeto» de la parcela en discordia, un suelo que la DGA asegura que era suyo y de la que ahora se desprende por una «cesión gratuita», según se desprende del expediente.
Fue en diciembre de 2022 cuando, a través de un requerimiento, el Gobierno de Aragón –entonces en manos del PSOE– alertó de que había 3.620 metros de su propiedad en el solar que el ayuntamiento –del PP– incluyó, mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la parcela de La Romareda para poder ampliar el estadio.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza interpretaron la jugada de la
DGA como un nuevo «palo en la rueda» al proyecto de La Romareda, tal y como se encargó de recordar ayer el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, puesto que había sido el consistorio quien se había encargado siempre del mantenimiento de esos suelos, que son un trozo de calle por los que incluso pagó.
El origen de esta controversia surgió por unos terrenos de 3.620,07 metros cuadrados, de espacio libre de dominio y uso público localizados junto al actual campo de fútbol, que tenían una doble inmatriculación. La legislación en tal caso reconoce el mejor derecho o preferencia del título, en este caso a favor del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ambas instituciones tenían inscrito el bien, pero con esta transmisión gratuita de la titularidad, ya será del consistorio. «Todo este espacio son viarios, zonas verdes y equipamientos de dominio público, que surgieron tras la reparcelación del conocido como Polígono Gran Vía que se desarrolló entre los años 1968 y 1972, cuya transmisión fue impulsada y avalada por el pleno municipal en 2016, pero que por distintas cuestiones técnicas en el cálculo de los espacios se quedó sin formalizar el documento público. Se trata de un gran espacio público de calles y zonas verdes que ya estaba en disposición del ayuntamiento y cuyo mantenimiento realiza desde su creación el propio consistorio», especificó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. Así, y dentro de la colaboración institucional abierta en la «nueva etapa» entre el Gobierno de Aragón y el consistorio, se procede ahora a la resolución de la documentación para efectuar la «mutación demanial». De nuevo, denunció Serrano, «el Ejecutivo autonómico anterior de Lambán quiso obstaculizar» esta transmisión. Ahora, ambos consideran «resuelta la controversia suscitada en cuanto a la titularidad» de los suelos.
El consistorio ultima un texto refundido del PGOU, que causó otra disputa por el campo
/ TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza informó ayer de que está «ultimando» un texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana, que no es sino un documento único en el que se incluyen todas las modificaciones que se han ido haciendo al PGOU desde su aprobación en 2001.
El último texto refundido data de 2007 y desde entonces todas las modificaciones del Plan General constaban en documentos diferentes. Ahora todo se unifica, una cuestión que reclamaba el Gobierno de Aragón y que abrió otro conflicto a costa de La Romareda. Según el entonces consejero de Vivienda de la DGA, José Luis Soro (CHA), el ayuntamiento no podía aprobar nuevas modificaciones del plan hasta que no publicara un texto refundido, a lo que el consistorio hizo caso omiso entonces.