Puigdemont afrontará un largo periplo judicial pese a la amnistía
La ley no blindará ➲ al expresidente con la rapidez que querría
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se mostró el jueves eufórico con la aprobación del texto de la ley de amnistía, pero la realidad es que el perdón no blinda, al menos con la rapidez y seguridad que querría, al expresidente imputado por terrorismo en Tsunami Democràtic y procesado por malversación y desobediencia por su responsabilidad en el procés. A ambas acusaciones concretas hay que sumar la que depende del juez de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre la trama rusa del procés, que todo apunta a que se hará por traición por la injerencia de un gobierno extranjero.
El redactado de la ley de amnistía no garantiza que la Sala de lo Penal del Supremo no vaya a consultar con Europa si es compatible la exoneración prevista con el derecho de la UE. De hecho será lo que hará la Sala presidida por Manuel Marchena en los dos procedimientos abiertos contra el expresidente: el de malversación, por el 1-O, y el de terrorismo, por Tsunami Democràtic. Fuentes del alto tribunal sostienen que lo contenido en la directiva sobre terrorismo no difiere en líneas generales de lo previsto en el Código Penal, por lo que el cambio introducido no tendrá mayores consecuencias sobre lo que tenía previsto hacer el Supremo antes del último cambio de la ley. Tampoco ven mayor trascendencia respecto al cambio introducido en la malversación y el enriquecimiento. Las mismas fuentes explican que seguirá prevaleciendo el criterio jurisprudencial de entender que el ánimo de lucro abarca mucho más que el hecho de llevarse dinero al bolsillo.
En el procedimiento abierto a Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami. la instructora a Susana Polo podrá ofrecerle la posibilidad de comparecer voluntariamente ante el alto tribunal, porque para citarle formalmente deberá tramitar antes un suplicatorio al Parlamento Europeo. A la consulta europea por parte de la Sala Segunda y de los jueces que tengan en sus manos procedimientos afectados por la amnistía hay que sumar los múltiples recursos que se interpondrán en el Tribunal Constitucional, así como las cuestiones de inconstitucionalidad que planteen los magistrados.