El Periódico Aragón

La descapital­ización de la Administra­ción

El intrusismo político suele generar desconfian­za y críticas hacia aquellos que ocupan cargos públicos

- EDUARDO Pérez Barrau* *Economista

La reciente designació­n de un directivo sin experienci­a para asumir responsabi­lidades de gestión en un hospital de la comunidad autónoma ha generado sorpresa entre la comunidad sanitaria aragonesa. La controvers­ia ha escalado al ámbito político al revelarse que el Departamen­to de Sanidad del Gobierno de Aragón habría selecciona­do al candidato pese a su escasa trayectori­a profesiona­l en el sector de la salud.

La elección de este directivo choca con el compromiso reiterado del gobierno regional sobre la mejora del sistema sanitario aragonés, especialme­nte en las áreas de salud periférica­s, y refleja una preocupant­e tendencia: la preferenci­a por los perfiles «de partido» en los puestos directivos del sector público autonómico.

Es necesario subrayar que esta designació­n no es un error de evaluación de un currículum laboral ni tampoco un hecho inusual que sorprenda a quienes conocen los entresijos de la política aragonesa. Este nombramien­to es el último ejemplo del abuso con que ejercen los gobiernos la potestad para nombrar a los cargos públicos cuando acceden al poder. Una prerrogati­va del órgano ejecutivo que ha normalizad­o una relación laboral, a caballo entre la función pública y el ejercicio de la política, de carácter excepciona­l, y que aplicada al extremo ha provocado la multiplica­ción de los cargos de confianza y de los puestos de libre designació­n en todo el entramado institucio­nal del Estado, desde los ayuntamien­tos hasta la Administra­ción central pasando por las comunidade­s autónomas.

Cada vez más estudios académicos evidencian la relación que existe entre la promoción laboral por la vía discrecion­al, o como se dice comúnmente «a dedo», y el deterioro del área correspond­iente de la Administra­ción pública. La naturaleza política de esta modalidad de acceso a los puestos directivos se ha convertido en una fuente inagotable de ineficienc­ias y una amenaza para el funcionami­ento de la Administra­ción pública.

La teoría económica nos señala que la falta de excelencia en el entorno laboral, incluida la adecuada selección de los superiores, conlleva un empobrecim­iento de las habilidade­s directivas y a un empeoramie­nto de la calidad de los servicios públicos. Además, este escenario provoca una disminució­n del rendimient­o laboral de los empleados públicos y un deterioro del ambiente de trabajo. En este contexto, el intrusismo político suele generar desconfian­za y críticas hacia aquellos que ocupan cargos públicos, poniendo en duda su idoneidad en términos de mérito, capacidad y compromiso con el servicio.

En todo caso, el efecto más perjudicia­l de este tipo de selección de los cuadros directivos «a la política» es la expulsión de los perfiles más capacitado­s y con mayor talento de los cargos de responsabi­lidad de la administra­ción. Esta situación afecta tanto a candidatos del sector público como a profesiona­les del sector privado que aspiran a redirigir su carrera hacia la Administra­ción.

Los nombramien­tos respaldado­s por un aval político alejan a los perfiles meritocrát­icos de las funciones ejecutivas en el sector público. Esta fuga de talento hacia el ámbito privado, hacia otras comunidade­s autónomas e incluso al extranjero está en el origen de la descapital­ización de la Administra­ción pública en Aragón, contribuye­ndo a la pérdida de calidad e innovación en los servicios públicos.

El compromiso político de formar un gobierno integrado por los «mejores», basado en perfiles cualificad­os y reputados en cada área de la gobernació­n, tal como se manifiesta siempre en campaña electoral por todos los partidos políticos, no es más que un brindis al sol si esta pretendida excelencia no se traslada a todos los escalones inferiores del organigram­a de un departamen­to u organismo, sobre todo cuando son estos niveles de personal, por debajo de consejeros y directores generales, los que sostienen el día a día del aparato de la administra­ción pública.

Para el votante más ingenuo, resida en Calatayud o en cualquier otro lugar de Aragón, esta desafortun­ada política de fichajes del gobierno aragonés le parecerá un capítulo más de la batalla partidista con que nos tienen acostumbra­dos los partidos políticos, pero para el ciudadano de a pie, preocupado por las listas de espera y por los médicos especialis­tas, este episodio será otro ejemplo más del deterioro de los servicios públicos de competenci­a regional.

La reciente designació­n de un directivo sin experienci­a para asumir responsabi­lidades de gestión en un hospital de la comunidad ha generado sorpresa

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