La moratoria de las renovables se ve como «una hecatombe» para el sector
Ecologistas, expertos y el clúster se alinean para que no se retrase la implantación El movimiento Teruel Existe exige el freno para evitar «un desastre medioambiental»
La nueva sesión de la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre la implantación de las renovables mostró ayer una visión claramente contraria a la moratoria que algunos grupos políticos y sociales llevan pidiendo un tiempo. Tan solo el movimiento ciudadano Teruel Existe mantuvo en firme la paralización de las instalaciones, mientras que el clúster, un abogado experto y Greenpeace ofrecieron diferentes razonamientos ante la expansión de la energía verde.
Julio Mendo, abogado especialista en el sector de las renovables, destacó que la normativa relacionada con la implantación de las energías verdes vive «en constante evolución, con cambios casi diarios». «La moratoria podría ser una ruina para el sector y no es prudente llevarla a cabo», afirmó Mendo, asesor de varias empresas de energías renovables, tal y como detalló en su ponencia. En ese papel como asesor, este abogado señaló la importancia de «los estudios de impacto social», que los proyectos hacen «para conocer la visión de los habitantes y las administraciones de la zona sobre los futuros emplazamientos». Por último, Mendo abordó los conflictos entre
instituciones a la hora implantar nuevos parques fotovoltaicos o eólicos: «Si los ayuntamientos obraron de una determinada manera previamente y luego cambian las líneas de juego, la empresa tendrá derecho a recurrir».
Por parte del Clúster de la Energía de Aragón, su presidente Pedro Machín reivindicó el papel de la energía en la comunidad y destacó que Aragón «siempre ha producido más energía de la que ha consumido». Marcando como objetivos tener cinco grandes explotaciones de consumo en 2030, Machín definió como «hecatombe» una posible moratoria, que en su visión «paralizaría un 3,8% del PIB de la comunidad, frenando a un sector con 27.000 empleos».
En visión de Machín, la transición energética que hoy atraviesa toda Europa y que tanto revuelo
causa en Aragón «no es solo generar energía, sino también electrificar los procesos económicos y adaptarse a los centros de grandes consumos». El presidente del clúster pidió dejar de hablar de «polémica» y recordó que la instalación de renovables en Aragón «no se ha hecho de cualquiera manera, porque se ha trabajado mucho y se ha hecho con buena voluntad».
La representante jurídica de Greenpeace, Sara Pizzinatto, defendió una transición energética justa que «no debe dejar a nadie atrás y que debe seguir las exigencias de la ciencia, que dice que al menos el 50% de la energía producida debe ser renovable para 2030». Pizzinatto señaló que desde su organización se descartan las zonas protegidas como posible destino de las renovables, ya que «la prioridad es la protección y la
restauración de la naturaleza en las zonas que están marcadas para ello». Por último, la abogada de este colectivo ecologista manifestó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias», algo que definió como «una lacra con la que acabar para ir de la mano de la gente y no solo primar a las empresas».
Mariano Tomás y Ernesto Romeo, de Teruel Existe, señalaron como «un desastre medioambiental» la expansión de las energías renovables y exigieron la presencia del «proceso de participación ciudadana, para poder afirmar que se ha hecho un proceso de transición energética correcta». Ambos criticaron la actuación del Inaga en los últimos años, al opinar que «el organismo ha pasado de ser un árbitro a ser un ente proactivo en la tramitación de expedientes».