La Fiscalía archivó la denuncia del PP a la firma que fichó a la pareja de Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa a Sánchez de querer destruirla «Es Hacienda quien le debe 600.000 euros», afirma la dirigente
Entre los 13 asuntos que el PP de Madrid denunció ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos de emergencia relacionados con el Covid se encuentra uno referido a la empresa FSC Select Products, la compañía para la que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, realizó trabajos de intermediario y cobró cuantiosas comisiones. Pero Anticorrupción archivó las diligencias abiertas por este contrato y el único caso que siguió adelante entre todas aquellas denuncias fue el que hoy se conoce como caso Koldo.
En la Comunidad de Madrid recordaron ayer este hecho a modo de argumento defensivo al conocerse el supuesto caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, aunque un caso no tenga nada que ver con el otro. El asunto por el que la Fiscalía presentó una denuncia el 5 de marzo contra la pareja de Ayuso está relacionado con un supuesto caso de facturas falsas que sirvieron para reducir la tributación de las empresas vinculadas a González Amador, no por las comisiones que pudo cobrar al trabajar para una empresa que contrató con la Administración. Según el informe de Hacienda recogido en la denuncia, la pareja de Ayuso cometió fraude fiscal entre 2020 y 2021 y la suma ascendió a 350.951 euros.
El PP denunció a esta empresa por cuatro contratos distintos con el Ministerio de Sanidad para el suministro fundamentalmente de mascarillas quirúrgicas o de protección por un valor total de 263.126.600 euros, IVA incluido, según consta en el escrito presentado el 10 de marzo de 2022. En el mismo, el PP cuestionaba que la empresa hubiese recibido «adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación» y superior también «a su capital social, declarando no tener trabajadores en los ejercicios anteriores». A esto sumó que la «actividad social» de la compañía, dedicada hasta entonces a ofrecer «servicios de fabricación de productos de márketing para el sector de bebidas alcohólicas», no parecía tener «relación directa con el objeto del contrato».
Por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió en el Congreso a Alberto Núñez Feijóo que solicite a Ayuso su dimisión por el caso que afecta a su pareja. También ayer, al conocerse el caso, la dirigente madrileña se declaró víctima de una persecución: «Ahora toca al novio», dijo recordando todos los casos de familiares o personas cercanas que han tenido problemas con el fisco o contratos de su Administración. Y también apuntó a Moncloa como responsable de que este asunto se hiciera público, limitándose a decir que «aquí no ha habido nada de redes ni de tramas», pero que desde el Gobierno de Sánchez se está «pidiendo generar una trama donde hay una inspección a un ciudadano». Es decir, que no negó tampoco que su pareja esté siendo investigada.
«Un ciudadano asediado»
La presidenta madrileña también acusó a Sánchez de buscar su fin político: «Busca destruirme cuando el único destruido es él». Defendió a su pareja y dio la vuelta totalmente al argumento de las acusaciones de la Fiscalía. «Es falso que él deba dinero a Hacienda, es Hacienda la que le debe casi 600.000 euros a él». «Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder del Estado» solo por ser mi pareja, se quejó Ayuso, defendiendo que «no hay ninguna trama ni sociedades pantalla», que es una inspección «sacada de quicio» y que todo es un intento de Sánchez por «intentar tapar» un «escándalo» que considera doble: «la ley más corrupta que se aprueba mañana» en el Congreso, en referencia a la ley de amnistía, y la trama del caso Koldo que ha vinculado varios miembros actuales y pasados del Gobierno.
El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se sumó a los ataques de Sánchez, en la red social X, pero con otras palabras. «Si Ayuso no responde a la pregunta de si sabe o no las cosas graves que pasan a su alrededor, no está habilitada para presidir Madrid y gestionar 25.000 millones de todos los madrileños», apuntó.