El impuesto a las renovables inicia su tramitación sin votos en contra
Hacienda rebaja a unos 30 millones al año la recaudación prevista por el gravamen, que dejará un «65%» de sus ingresos en el medio rural aragonés
El nuevo impuesto a las energías renovables de Aragón empezó ayer su tramitación parlamentaria sin votos en contra. El Gobierno del PP y Vox logró el apoyo mayoritario de la Cámara aragonesa para un proyecto que nació en la pasada legislatura, cuando el cuatripartito gobernaba en el Pignatelli. Pero no consiguieron el apoyo inicial del PSOE, que fue el único grupo que se abstuvo y afeó las «más de 8 diferencias» que distancian la iniciativa de los socialistas de la de los populares.
Con todo, los grupos coincidieron en la necesidad de impulsar un impuesto que grave la instalación de las renovables a la par que beneficie al medio rural, principal pagano del despliegue de los parques eólicos y fotovoltaicos.
La vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, defendió el nuevo impuesto para «convertir Aragón en una tierra atractiva para la llegada de nuevos proyectos empresariales y para ordenar el desarrollo de las renovables», manifestó. «Este impuesto concreta la responsabilidad social de las empresas», dijo Vaquero.
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró después que se prevé recaudar por este impuesto «unos 32 o 36 millones anuales», cifra que puede aumentar cuando se incorporen los proyectos en tramitación. La cifra, sin embargo, es mucho menor a los 50 millones que llegó a plantear al inicio de la legislatura. Entre otras cosas, ahora PP y Vox plantean eximir del pago del impuesto a las grandes corporaciones. «Quien debe pagar el impuesto es quien más daño medioambiental haga y menos deje al territorio. Las grandes corporaciones, que ayudan al territorio y a sus habitantes, o que consigan limitar el consumo de energías fósiles, verán mejorada su aportación en el impuesto. El objetivo es que pague quien contamine el territorio y se lleve la luz sin dejar nada en Aragón», dijo Bermúdez de Castro, que concretó que «mínimo llegará al territorio el 50% de lo recaudado, y hemos previsto otro fondo del 15%».
El resto de grupos pidió aumentar ese porcentaje al menos «hasta el 90%», demandaron los portavoces del PAR, Alberto Izquierdo; Podemos, Andoni Corrales; o IU, Álvaro Sanz, que también reivindicó que sea un gravamen «progresivo». Desde Teruel Existe, su portavoz Tomás Guitarte pidió destinar «el 100%» de la recaudación al territorio y apuntó que «el modelo a seguir es el del canon de la central térmica de Andorra». El portavoz de CHA, José Luis Soro, denunció el «regalo fiscal a las grandes empresas» y que se plantee «que paguen los pequeños y medianos y se escaqueen los grandes». Desde el PSOE, Óscar Galeano denunció que el proyecto «no se vincula lo necesario a la transición energética», «olvida la progresividad» y se pretende usar «para tapar otros agujeros de recaudación que empiezan a generar sus rebajas fiscales».