El Congreso aprueba la ley de amnistía y abre la campaña en Cataluña
El bloque de investidura, con excepción de Coalición Canaria, da su ‘sí’ a la norma, permitiendo su tramitación en el Senado ERC y Junts sacan pecho y recuerdan que buscarán la autodeterminación
Pocas horas después del adelanto electoral en Cataluña y con el miedo instaurado en el Gobierno ante la posibilidad de que peligre la legislatura, el Congreso aprobó ayer la ley de amnistía, la norma que Pedro Sánchez –ausente durante el debate– pactó con ERC y Junts para seguir en la Moncloa y que ha protagonizado la vida parlamentaria de los poco más de 100 días del actual Ejecutivo. En un debate en el que ya se notó el clima de precampaña, PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG respaldaron la ley, todos ellos con la convicción de que cierra una etapa de conflicto en Cataluña, aunque con opiniones diversas sobre lo que está por venir. PP y Vox, en contra, arremetieron duramente contra Sánchez.
Un mes y medio después de que Junts rechazara la norma, ayer sí se cosecharon los escaños necesarios para que la medida de gracia sea aprobada por el Congreso. Tampoco hubiera habido una tercera oportunidad. El bloque de la investidura –con la excepción de Coalición Canaria– dio su sí a la amnistía, permitiendo que la norma continúe su tramitación en el Senado, donde aún le queda un periplo de casi dos meses ante la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara alta.
Los mismos reproches
«Esta ley no pasará el filtro del Senado, de la justicia, de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así», fue el aviso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En un discurso en el que ya dejó claro que los votos al PP en Cataluña no servirán nunca para apoyar al independentismo, repitió los mismos mantras de las pasadas semanas, asegurando que Sánchez está en manos del expresidente Carles Puigdemont, que «el Gobierno y sus socios son los mayores agentes de inestabilidad política» y que la aprobación de la amnistía es «la estafa que el partido
de Sánchez está consumando con sus votantes». Minutos antes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se centró en arremeter contra el PP, sin mencionar a los independentistas, para denunciar que el único proyecto de Feijóo para Cataluña sea esconderse «detrás de los tribunales». «A España, lejos de romperla, la unimos y la vertebramos con nuestras políticas. (...) Sigan en las soflamas, sigan en la bronca, pero no nos esperen ahí», le espetó a la bancada popular. Mensajes claros de ambos de cara a las urnas: el PP alzándose como dique a los acuerdos con ERC y Junts; el PSOE, como formación clave para solucionar el conflicto político.
Y lo mismo ocurrió en la pugna entre ERC y Junts. Los posconvergentes se arrogaron la autoría de la norma, asegurando que el PSOE no impulsó la ley «por convicción», sino por un acuerdo con ellos. Pero, no solo eso. El diputado Josep Maria Cervera también recordó que la norma aprobada ayer es «la mejor ley de amnistía posible» gracias a que su formación rechazó la versión anterior hace un mes y medio y presionó a los socialistas para que cubriera a todos los implicados en el procés y fuera de aplicación inmediata.
Retraso de dos meses
La respuesta, velada y sin referencias directas, de ERC llegó de boca la diputada Pilar Vallugera, que también reivindicó el origen de la ley en la insistencia de su
formación y criticó el retraso de dos meses provocado por Junts con el único objetivo de blindar a Puigdemont ante los movimientos del juez Manuel García-Castellón: «Es para la gente que puso la cara, el cuerpo, para ellos estamos haciendo esto. No para esas personas con nombres y apellidos que pueden liderar partidos, porque nosotros ya sabíamos a lo que nos exponíamos».
Lo que dejaron claro ambos diputados es que la amnistía no es el final. Cervera dijo que la aprobación de la norma abrirá «una ventana de oportunidad de negociar de tú a tú el futuro de Cataluña» con el Gobierno. Más contundente fue Vallugera: «No vamos a parar hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación».
La norma, que se ultimó la pasada semana en la comisión de Justicia del Congreso, permitirá amnistiar todos los actos relacionados con el proceso independentista desde el 1 de noviembre de 2011 y hasta el 13 de noviembre de 2023. En este periodo se incluyen no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum de autodeterminación, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos.
Sin embargo, el principal foco de discrepancia en la negociación estuvo en aquellos hechos que quedan excluidos de la medida de gracia. Fruto de estas tensiones, Junts rechazó la norma hace más de un mes para seguir presionando al PSOE. El texto final deja claro que tanto el terrorismo como la alta traición quedan fuera de su ámbito, aunque solo en su versión más grave.
Sigue la tramitación
En el primero de los casos, se hace referencia a los hechos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Con este redactado, según los tres partidos, queda claro que tanto el ex presidente de la Generalitat como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también investigada por terrorismo en el Tsunami Democràtic, se beneficiarán de la norma aprobada. En relación a la alta traición, se excluye aquellas acciones que hayan producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España.
Ya con el visto bueno del Congreso, la ley será remitida al Senado en los próximos días, donde el PP tiene mayoría absoluta. Justo esa mayoría fue la que usaron los populares en noviembre pasado para modificar el reglamento de la Cámara alta y poder retrasar ahora al máximo la ley de amnistía. El cambio introducido por el partido conservador otorga a la Mesa del Senado la capacidad de decidir si una proposición de ley proveniente del Congreso de los Diputados se tramita por la vía de urgencia, lo que supone tener 20 días naturales para todas las cuestiones, o no, pudiendo estar la norma hasta un máximo de dos meses en el Senado.
«A España, lejos de romperla, la unimos y la vertebramos con nuestras políticas», destaca Patxi López