No habrá merma de recursos del Estado en Aragón
La convocatoria de elecciones en Cataluña, previstas para el próximo 12 de mayo, no solo ha puesto patas arriba la política nacional sino que auguraba importantes efectos económicos tanto para España como para el conjunto de las comunidades autónomas después de que el Gobierno de Sánchez anunciase la prórroga de los presupuestos Generales del Estado de 2023 para este ejercicio. En el caso de Aragón, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, cifró el impacto de esta decisión en alrededor de mil millones de euros –casi 40 millones de ingresos que llegan cada mes procedentes del Estado y otros 600 de la liquidación correspondiente al ejercicio 2022–. El agujero se antojaba importante si el Gobierno central no articulaba soluciones para evitarlo. Fue el propio consejero de Hacienda el que propuso, el pasado jueves, activar un real decreto o un mecanismo equivalente para garantizar las transferencias a las comunidades de esos recursos. Pues bien, las autonomías y los ayuntamientos tendrán garantizada este año la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación a pesar de la renuncia del Gobierno a aprobar unos nuevos Presupuestos del Estado para 2024. El Gobierno de Sánchez ya tenía decidido, el pasado miércoles, aprovechar la tramitación como proyecto de ley del decreto de medidas anticrisis frente a los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo para asegurar la actualización de las entregas a cuenta a las administraciones territoriales.
El anuncio echa por tierra los malos augurios de la DGA, que veía un abismo en la recaudación del ejercicio y que realizó una lectura política precipitada y poco prudente a tenor de los hechos. Más si cabe cuando no es la primera vez que se prorrogan unos presupuestos, tanto a nivel estatal como por parte de alguna comunidad. Este nuevo escenario, por tanto, tampoco reducirá los recursos destinados a las obras que se están acometiendo en la comunidad por parte del Gobierno central, como la autovía del Pirineo, la variante de Jaca o de la Sabiñánigo, el desdoblamiento de la N-232 o las infraestructuras hidráulicas, algo ayer mismo se encargó de asegurar el PSOE a través de la delegación del Gobierno en Aragón. Eso sí, de lo que no hay duda es de que la prórroga de los presupuestos retrasará sine die la reforma de la financiación autonómica, largamente reclamada por territorios que, como Aragón, tienen que hacer frente a un elevado coste de los servicios públicos al que puede hacer frente a duras penas.
El Gobierno de Aragón, mientras, tendrá que seguir echando cuentas, ya que el Ejecutivo PP-Vox aprobó los presupuestos más altos de la historia de Aragón (8.456 millones) con el objetivo de reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Pero el escenario ha cambiado y Europa obliga a apretarse el cinturón tras una política fiscal más laxa en los últimos años. Además, la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones y las aportaciones de más de 40 millones al Plan Pirineos, de otros 20 millones anuales (durante seis años) para el desarrollo del nuevo plan de Vivienda y 40 más para la construcción de la nueva Romareda han engordado el capítulo de gastos en la DGA, por lo que habrá que ver si la hoja de ruta del Gobierno de Aragón todavía es válida.