Aragón apuesta por el ladrillo frente al límite de alquileres
La DGA ampliará el parque público en municipios turísticos, donde hay más problemas de precios
La dificultad del acceso a la vivienda y la burbuja en los precios del alquiler preocupa a los gobiernos de todos los colores. En Aragón, el Ejecutivo liderado por Jorge Azcón ya anunció hace tiempo que no se acogería a la ley estatal y que no declararía «zonas tensionadas» del alquiler, sino que aplicaría su propio modelo. Esta misma semana, presentó un plan de Vivienda que financiará con 300 millones. Una de sus propuestas se basa en ampliar el parque a través de la construcción de obra nueva en los municipios más turísticos, donde se estima que las dificultades de acceso son mayores. Pero, según confirmaron ayer fuentes del Departamento de Vivienda de la DGA, están por definir los criterios para elegir a esos «municipios turísticos» donde se apostará por el ladrillo.
El mismo día que el Gobierno de España publicó el Índice de Precios de Alquiler de Vivienda, fuentes del área dirigida por el consejero Octavio
López señalaron que la comunidad no se suma al modelo estatal «porque pensamos que tendrá un efecto negativo ya que, al limitar el precio de los alquileres, los propietarios pueden renunciar a ponerlos en el mercado, lo que reducirá la oferta. Y si no hay oferta, aumentarán los precios».
Es la misma línea que mantiene el PP a nivel nacional. Ninguna comunidad gobernada por los populares se sumará a la estrategia del Gobierno central de limitar el precio de los alquileres. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, calificó la medida de «suicidio inmobiliario» y consideró que «desestabilizará aún más el mercado, reducirá la oferta y fomentará la economía sumergida».
Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón manifestaron que su actuación se centrará en «municipios turísticos», aunque el listado no está definido ni tampoco los criterios para elegir a dichas poblaciones. Con todo, esta categoría incluirá, previsiblemente, a localidades como Canfranc (que solicitó ser declarado
El Ejecutivo aún no ha definido sus criterios para elegir las localidades donde construirá vivienda
zona tensionada), Benasque, Sallent de Gállego, Jaca o Albarracín.
Por su parte, Luis Alberto Fabra, director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, consideró también que la declaración de «zonas tensionadas»
podría provocar que la oferta de alquileres disminuyese, ya que pronostica que buena parte de ella «pasaría al mercado de la venta». Pero tampoco cree que la solución de la DGA sea la adecuada, ya que «España es uno de los países de la OCDE con más viviendas por habitante».
Así, el catedrático cree que una de las soluciones pasa por «garantizar la seguridad jurídica para el arrendatario», sobre todo en el caso de que su inquilino, en un momento dado, no pudiese hacer frente al contrato. Además, plantea ayudas directas, como el bono de
alquiler, para aquellos públicos que no pueden acceder al mercado por su nivel de ingresos. Una situación que, matiza, «no solo le sucede a los jóvenes, sino también a otros espectros de edad que por trabajo no se lo pueden permitir».
En cuanto a la vivienda asequible, Fabra considera que «falta parque público», que debería destinarse a las personas que no tienen recursos. En síntesis, desde la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad sostienen que, incentivando al arrendatario se lograría «fomentar el alquiler, provocando que los precios bajasen».